San Luis Potosí, SLP.- La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) advirtió que en San Luis Potosí continúan operando decenas de tiraderos clandestinos que ponen en riesgo la salud pública y deterioran el medio ambiente. De acuerdo con la titular, Sonia Mendoza Díaz, las sanciones económicas para quienes sean responsables de estos sitios van desde cinco mil hasta siete mil UMAS, lo que equivale a multas de 518 mil hasta 724 mil pesos.
La funcionaria recordó que los ayuntamientos son la primera autoridad obligada a clausurar tiraderos ilegales, pero la Segam tiene la facultad de iniciar procedimientos administrativos y aplicar sanciones. “Nos hemos dado a la tarea de clausurar basureros ilegales y de exigir a los municipios acciones inmediatas para remediar el daño ambiental”, señaló.
En la capital potosina se tiene identificada la mayor concentración de basureros clandestinos. La Dirección de Inspección y Vigilancia reveló que existen 65 puntos detectados, pero en los últimos tres años sólo se ha intervenido en 11 de ellos, lo que representa apenas 16.9% del total. Es decir, más del 80% de estos focos de contaminación siguen activos, lo que refleja que las acciones emprendidas hasta ahora no han sido suficientes para frenar el problema.
En uno de estos sitios, en apenas cuatro días, se recolectaron más de mil toneladas de residuos, volumen similar al que se recoge diariamente en toda la ciudad, lo que da cuenta del enorme daño que representan para la salud y la calidad del aire de la zona.
Especialistas consultados coinciden en que el incremento de tiraderos clandestinos se debe a la baja asignación presupuestal, la falta de interés de las autoridades municipales y una normativa laxa que permite la operación de basureros sin control.
Además, aunque la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos obliga a construir rellenos sanitarios, en San Luis Potosí —como en la mayor parte del país— la infraestructura resulta insuficiente para atender la cantidad de desechos que se generan todos los días.
Los tiraderos clandestinos no sólo generan contaminación visual, también producen lixiviados que dañan el subsuelo, emisiones de gases que deterioran la calidad del aire y proliferación de fauna nociva que afecta directamente a las familias que habitan en sus alrededores.
La Segam anunció que, por instrucciones del gobernador, se mantendrá una vigilancia permanente y se exigirá a los municipios la planeación de rellenos sanitarios regulados que permitan una disposición final adecuada. Expertos señalan que, más allá de estos rellenos, el siguiente paso debe ser la separación y aprovechamiento de residuos reciclables o combustibles, lo cual no solo mitigaría el impacto ambiental sino que además generaría empleos formales.
La realidad muestra que, aunque las sanciones económicas por mantener tiraderos clandestinos pueden alcanzar hasta tres cuartos de millón de pesos, la proliferación de estos sitios sigue en aumento. El hecho de que sólo se haya intervenido en 16.9% de los tiraderos detectados refleja que la política actual no ha logrado contener el problema.
La ecuación es clara, multas millonarias y promesas de vigilancia no bastan si los municipios carecen de recursos, voluntad política e infraestructura adecuada. Mientras no se transite hacia un modelo de gestión integral de residuos que combine rellenos sanitarios regulados, reciclaje y aprovechamiento de desechos, los tiraderos ilegales seguirán multiplicándose, con consecuencias directas para la salud de la población y el medio ambiente.
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