Una jueza federal de Estados Unidos ha reiterado este lunes que la Administración de Donald Trump tiene "absolutamente prohibido" expulsar al ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien ha sido detenido días después de ser liberado de un centro de inmigración en el estado de Tennessee, donde se encontraba retenido a la espera de juicio por un caso federal de tráfico de personas.
La magistrada de distrito Paula Xinis ha bloqueado así los planes del Gobierno estadounidense de deportar a Ábrego para poder evaluar si las autoridades están violando sus derechos al debido proceso, después de que éste haya denunciado que la amenaza de deportación es un castigo de Washington por su decisión de impugnar su expulsión el pasado marzo a El Salvador, en lo que las autoridades alegaron un "error administrativo".
Xinis ha transmitido esta orden al Departamento de Justicia durante una breve audiencia recogida por el diario 'The Hill' en la que el abogado de esta cartera Drew Ensign ha sugerido que la expulsión del salvadoreño "no es inminente", puesto que "las deportaciones a terceros países suelen llevar algún tiempo".
En un escrito presentado por la defensa de Ábrego a la magistrada, el salvadoreño ha afirmado su preferencia por ser enviado a Costa Rica, cuyo gobierno ha mostrado su disposición a proporcionarle algún tipo de estatus legal, y su temor a ser enviado a Uganda, destino propuesto por las autoridades estadounisenses para su deportación.
"Temo ser perseguido en Uganda por mi raza, nacionalidad, opinión política y pertenencia a un grupo social determinado. También temo ser torturado por un funcionario público de ese país o con su consentimiento", ha señalado Ábrego en un documento en el que también ha mostrado su inquietud ante la posibilidad de que el paísa africano "me devuelva a El Salvador, donde también temo ser perseguido (...) y ser torturado por o con la aquiescencia de un funcionario público, y donde he sido torturado en el pasado".
En este sentido, la jueza ha asegurado que "no se puede condicionar la renuncia a un Derecho Constitucional en ese sentido" y ha señalado que no existen garantías de que las autoridades ugandesas no lo deporten a El Salvador tras recibirlo.
"El silencio contrasta, sin duda, con lo que ha proporcionado Costa Rica. El contraste es significativo", ha argumentado.
