La Fiscalía General de la República (FGR) informó a una juez de distrito que no existe una nueva orden de aprehensión federal contra el ex Gobernador priista de Michoacán, Silvano Aureoles, fuera de la ya conocida por el caso del presunto desfalco de 3 mil 412 millones de pesos, por la construcción de estaciones de Policía.
Por lo anterior, Jovita Vargas Alarcón, Juez Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, le negó la suspensión definitiva contra la captura, ya que esta protección judicial sólo se concede cuando existe el mandato privativo de libertad.
La resolución fue dictada en una audiencia incidental celebrada el pasado viernes, pero el sentido del fallo se publicó apenas este lunes en la lista de acuerdos del juzgado.
La negativa de suspensión definitiva fue resuelta en un amparo que el ex Gobernador promovió el pasado 14 de agosto, previo a la cita que tenía programada el pasado miércoles para una audiencia inicial en el Centro de Justicia del Reclusorio Oriente.
En dicha diligencia iba ser imputado por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero, derivado de los contratos de arrendamiento y construcción de 7 estaciones de policía.
La juez Vargas Alarcón en un principio le concedió una suspensión provisional a Aureoles que lo protegía contra una hipotética nueva captura.
Pero el michoacano no se presentó a la audiencia de la semana pasada para afrontar la imputación, precisamente porque tiene vigente la orden de de aprehensión por ese asunto y no cuenta con ninguna suspensión contra ella.
En mayo pasado, la misma juez Vargas Alarcón le retiró la suspensión definitiva que le había otorgado para que no fuera detenido por esa orden de aprehensión -la única hasta hoy-, en virtud que en ese entonces tampoco se presentó a la audiencia de imputación.
El 27 de febrero de este año la juez de control Patricia Sánchez Nava giró la aprehensión de Aureoles y siete de sus ex colaboradores por supuestamente haber participado de 2016 a 2017 en la presunta contratación ilegal del desarrollo, arrendamiento y adquisición de siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que habrían ocasionado un daño de 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos a las arcas pública del Estado.
Las estaciones de la Policía se desarrollaron en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, por contratos adjudicados en forma directa a la empresa Inmobiliaria DyF.
Del total de imputados, 4 han sido detenidos y procesados, mientras que otros 4 continúan evadiendo la justicia; entre ellos el propio Aureoles.
