Más de 250 mil personas recluidas en cárceles federales y estatales podrían tener su identificación oficia
En los próximos días, el Consejo General del INE formalizará la emisión de la credencial de elector de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
Más de 250 mil personas recluidas en cárceles federales y estatales podrían tener su identificación oficial. Sin embargo, quienes tienen suspendidos sus derechos sólo podrán tenerlo como identificación, y quienes están en prisión preventiva -alrededor de 99 mil- sí podrán votar como hasta ahora se ha hecho.
De acuerdo con el proyecto de lineamientos, que fue avalado por los partidos en la Comisión Nacional de Vigilancia del INE y aún debe ser discutido por los consejeros electorales, los presos deberán sacar una cita, a través de un auxiliar o familiar para que el personal del organismo electoral acuda a los centros penitenciarios.
También deberán presentar un comprobante de nacionalidad, si es posible una identificación con fotografía y la solicitud del trámite. En el documento se les podrá inscribir la dirección que deseen e, incluso, la del penal en el que están recluidos.
"Considerando las condiciones en que se encuentran estas personas, en caso de que no cuenten con identificación con fotografía, pero exista un registro previo, el INE podrá verificar su identidad a través de su información biométrica.
"Si no cuentan con un comprobante de domicilio, podrán optar entre la dirección del centro penitenciario o la entidad federativa y municipio de nacimiento", indicó.
Una vez que se reciba la solicitud, el INE revisarán si están en la lista de personas suspendidas de sus derechos políticos electorales.
"Cuando el trámite resulte procedente para las personas en prisión preventiva se generará la credencial que servirá para votar y como identificación.
"Para las personas con sentencia condenatoria se generará la credencial que puede ser utilizada sólo como medio de identificación", indica el documento.
El INE ya suscribió convenios de colaboración con las autoridades de seguridad pública y los centros penitenciarios, por lo que todas las autoridades deberán realizar campañas de difusión. Los lineamientos fueron ordenados en febrero del 2024 por la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Además, el documento establece que el recluso podrá pedir al INE que resguarde su plástico por dos años. Pasado ese plazo, si no se entrega, podrá ser destruido.
Las representaciones de los partidos ante el INE demandaron que fuera por 10 años y demandó pedir a los consejeros revalorar el plazo.
