San Luis Potosí, SLP.- El Congreso del Estado de San Luis Potosí ha aprobado favorablemente una reforma constitucional que avala el sentir de varias iniciativas, entre las que se encontraba la llamada #LeySanjuana, presentada el 24 de junio de 2024 por Sanjuana Maldonado Amaya (indultada por el Poder Legislativo el 20 de junio del mismo año) y José Mario De la Garza Marroquín.
En un comunicado, los promoventes puntualizaron que
“Reconocemos el acierto que significa aprobar una reforma constitucional que traslada la facultad de otorgar el indulto en delitos del fuero común al Poder Ejecutivo del Estado y, al mismo tiempo, preserva la potestad de expedir amnistías en el Poder Legislativo del Estado. Creemos que esta desambiguación propicia el mejor uso de cada una de esas figuras jurídicas tan relevantes, convirtiéndolas en un derecho más asequible para las y los potosinos que ven en la amnistía o el indulto, la última esperanza para tratar de resarcir juicios injustos, negación de derechos o violaciones gravísimas de sus derechos humanos. Enhorabuena.
“Pero este avance que es valioso, aún es insuficiente”, subrayaron.
Ahora, debemos mantener nuestra atención en la reglamentación de estas modificaciones, para garantizar que los procedimientos de dictaminación de las solicitudes de indulto o amnistía se realicen con total transparencia, deliberación profunda, rigor jurídico y respeto escrupuloso al debido proceso y los derechos humanos. Nos alienta saber que el Poder Legislativo es consciente de esta situación y en la reforma aprobada, dispone en la fracción XXX del artículo 80 que deberá crearse “una Comisión Interdisciplinaria”, de la cual es fundamental saber cómo se integrará, cómo funcionará, qué metodologías de análisis utilizará y cómo se reglamentarán sus atribuciones.
También, en el segundo transitorio del decreto aprobado se establece que “El Congreso del Estado deberá expedir la Ley de Amnistía e Indulto del Estado de San Luis Potosí, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto”. En este sentido, queremos insistir en la necesidad de contar con una ley reglamentaria que proporcione un marco normativo y procedimental que permita el uso del indulto (y la amnistía) de manera transparente, confiable, equitativa y justa; considerando tanto los derechos de las personas privadas de la libertad, las preocupaciones de seguridad y justicia para la comunidad en general, los derechos de las víctimas y por supuesto, que brinde herramientas útiles a las instituciones que participen en el proceso para que puedan actuar de la mejor manera posible.
Al ser el indulto y la amnistía las únicas vías jurídicas que quedan después de vivir la pesadilla de una deficiente impartición de justicia, estamos convencidos de que solo con una ley reglamentaria verdaderamente humana, eficaz y moderna, se podrá ayudar a muchas personas que han sido juzgadas sin respeto a sus derechos y que aún tienen la esperanza de reconstruir su proyecto de vida en libertad.
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