Un tribunal federal rechazó anular el proceso iniciado a una de las principales colaboradoras de Emilio Zebadúa, supuesto artífice de la Estafa Maestra, por un contrato presuntamente indebido de la Sedesol a la Universidad de Colima por 17.8 millones de pesos.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negó en última instancia el amparo con el que Wendy Gabriela Arrieta Camacho, ex directora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Sedesol, buscaba que su proceso fuera sobreseído o cancelado por falta de elementos.
El 3 de julio de 2024, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte determinó en una audiencia que era improcedente la solicitud para sobreseer el proceso abierto contra la ex funcionaria por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
En aquella ocasión, su defensa presentó una sentencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, en la que canceló el proceso a otro imputado por el mismo ilícito en la Estafa Maestra, bajo el criterio de que no era válido integrar la norma penal con disposiciones administrativas.
El juez de control, sin embargo, argumentó que la etapa en la que estaba el proceso no era la adecuada para resolver la petición y que sería hasta el juicio, con la valoración de los medios de prueba, cuando se hiciera un pronunciamiento de fondo de este tipo.
Arrieta presentó un amparo contra esa decisión, pero le fue negado por Juan Mateo Brieba De Castro, Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. Impugnó su fallo y ahora ha sido confirmado por el colegiado.
El tribunal confirmó la resolución precedente, porque el juez de control estaba imposibilitado para reexaminar la solicitud para desechar el procedimiento contra Arrieta, ya que su vinculación a proceso previamente había sido confirmada en última instancia.
Además, dijo que la sentencia de este mismo colegiado --presentada como prueba-- no era vinculante ni aplicable a su caso, porque aunque fuera el mismo delito y el mismo caso de la Estafa Maestra, la imputación contra la ex funcionaria era por hechos distintos.
El caso contra Arrieta está relacionado con el convenio de coordinación suscrito el 31 de julio de 2015 por la Sedesol y la Universidad colimense, para un servicio de ajustes y actualización de la Plataforma de Seguimiento y Evaluación de las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
La Secretaría pagó 17.8 millones de pesos por este convenio y, según la FGR, no hay evidencia de que se hayan prestado los servicios ni la forma en la cual se hubieran presentado, esto es, medios electrónicos, digitales o cualquier otro sistema.
Si bien en un principio fueron imputados 8 ex funcionarios de la extinta Sedesol y dos de la Universidad, hoy sólo está procesada la ex colaboradora de Zebadúa.
