Opinión Empresarial Aguascalientes
En el periodo extraordinario del Congreso Federal de principios de julio de 2025, se aprobó un paquete de 16 reformas en materias diversas—entre ellas, seguridad pública, investigación, inteligencia, desaparición forzada, lavado de dinero y telecomunicaciones— como respuesta legislativa a la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Una de las reformas más trascendentes fue la transferencia del mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta modificación, aprobada el 1 dejulio,formaliza el carácter militar de la corporación y le otorga facultades de inteligencia, operaciones encubiertas e intervención de comunicaciones privadas. Además, permite que militares busquen cargos de elección popular, y consolida el mando a través del nombramiento obligatorio de un general como comandante de la Guardia Nacional.
El Congreso también aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Ambas normas buscan fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno mediante mesas estatales, certificación policial, y creación de una política nacional de acreditación. Por otra parte, institucionalizan el uso de inteligencia para la prevención y combate a amenazas, integrando al Gabinete de Seguridad, la Guardia Nacional, la Fiscalía y los tres órdenes de gobierno.
Las reformas también incorporan mecanismos de vigilancia estatal con pocos controles. Se permite el acceso directo a bases de datos públicas y privadas sin orden judicial; se prevé una CURP biométricaobligatoria, conectada a registros forenses, identificación por huella o rostro, y sistemas nacionales de búsqueda.
Organizaciones civiles han denunciado que la nueva normativa faculta a la Sedena y la Guardia Nacional a realizar vigilancia electrónica, obtener datos de telecomunicaciones y geolocalización en tiempo real, todo sin necesidad de autorización judicial. Se critica la ausencia de salvaguardas constitucionales frente a riesgos de espionaje, abuso de poder y represión directa de defensores, periodistas u opositores políticos.
El 5 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales dio luz verde—por unanimidad—a una reforma que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general sobre extorsión. La iniciativa busca homogeneizar el tipo penal, agravantes, sanciones y protocolos de
Atención para víctimas. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, y el Congreso deberá emitir dicha ley en un plazo máximo de 180 días.
Estas reformas nos llevan a cuestionarnos;
¿Generan Mayor Seguridad? Impactos Positivos
Lo que nos lleva a plantearnos si los resultados hasta el día de hoy son los esperados por la ciudadanía o seguimos en unir y venir de datos y estadísticas, poco realistas en el entorno de seguridad actual.
¿Perjudican la Democracia y los Derechos?
Balance: Seguridad con Sombra Democrática
En conjunto,estas reformas representan un intento ambicioso de fortalecer la eficacia del Estado frente al crimen organizado; sin embargo, este avance viene acompañado de un notable costo para los principios democráticos: erosión de la privacidad, reducción de los contrapesos estatales, vigilancia expandida, y menor transparencia en su diseño y aprobación.
Para que la seguridad no comprometa la democracia, sería indispensable:
En el conjunto de reformas aprobadas se pretende consolidar el mando federal y militar en materia de seguridad, respaldada por leyes que integran inteligencia, coordinación intergubernamental y acceso amplio a datos sensibles. Si bien han generado ciertos resultados, sin que estos sean los idóneos para la construcción de paz también plantean serios riesgos para los derechos ciudadanos, la democracia y la transparencia gubernamental. Solo mediante ajustes legales con énfasis en control, fiscalización y participación, será posible equilibrar efectivamente la seguridad con la protección de las libertades fundamentales.
