El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, negó que haya desplazamiento forzado en la entidad, y señaló que los refugiados en Guatemala se fueron voluntariamente y podrían estar vinculados a criminales.
En una conferencia de prensa, acompañado por el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, afirmó que en la zona fronteriza de la región sur del país hay vigilancia y "la paz y la tranquilidad están garantizadas".
"Gracias al importante despliegue y a la coordinación de los tres órdenes de Gobierno, hoy ninguna familia tiene motivos de violencia para desplazarse de manera forzada. Lo que se vivía hace un año, que eran horas interminables de violencia y que la gente estaba sometida, es cosa del pasado; hoy se puede ir a cualquier parte de la Sierra sin ningún problema, porque hay presencia institucional de todas las fuerzas del orden", sostuvo.
"Hay un desplazamiento voluntario, las propias personas están yéndose a vivir o trasladándose hacia algunas aldeas vecinas de la frontera de lado de Guatemala, particularmente una de ellas que es Guailá, que es la que está más cercana, pasando Santa Teresa Llano Grande. No hay desplazamiento forzado, sino un desplazamiento voluntario", insistió.
De acuerdo con el funcionario, algunas de las personas que emigraron al país vecino tienen vínculos con personas que huyeron de la justicia mexicana hacia Guatemala.
"Ante la presencia de la autoridad que estamos ahí en el territorio, quizá tengan un conflicto con la ley, porque insisto, nosotros seguimos investigando y seguimos buscando a los delincuentes generadores de violencia porque tenemos información que la mayoría de ellos están de lado de Guatemala, se fueron al lado de Guatemala, por eso es que estamos pidiendo la ayuda de la Interpol para lograr su detención de manera inmediata", comunicó el Fiscal estatal.
Los funcionarios informaron sobre los avances de los operativos de seguridad en la zona Sierra, que se han intensificado desde el 8 de diciembre con el inicio de la administración del morenista Eduardo Ramírez Aguilar.
Llaven Abarca detalló que se han asegurado más de 78 vehículos, incluidos algunos tipo "monstruo", y se han logrado 127 vinculaciones a proceso por delitos relacionados con la delincuencia organizada en la región. Mencionó que el grupo "El Maíz", que había construido una base social para el crimen organizado, ha sido desarticulado y que cuatro de sus líderes tienen fichas rojas de Interpol.
El Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reforzó esta narrativa al afirmar este miércoles que los mexicanos refugiados en Guatemala son "familiares de criminales".
El Mandatario negó el desplazamiento forzado y acusó a los grupos criminales de Guatemala de querer desacreditar su estrategia de seguridad pública que afirmó, "ha dado tranquilidad y paz social a Chiapas".
Ramírez Aguilar acusó que familiares de las personas que buscan refugio en Guatemala están detenidos enfrentando un proceso penal y que el líder del grupo delincuencial "El Maíz", conocido como "El Colocho", se encuentra en Guatemala con "total impunidad".
Sin embargo, estas declaraciones de las autoridades chiapanecas contrastan con la información emitida por el Gobierno de Guatemala. El Instituto Guatemalteco de Migración informó que otorgó el "Estatus de Permanencia por Razones Humanitarias" a 161 mexicanos, incluidos 69 niños, que se refugiaron en el país "derivado de la conflictividad que persiste en el estado de Chiapas".
Las autoridades guatemaltecas han catalogado a estas personas como desplazados y han activado sus protocolos de ayuda humanitaria correspondientes.
Este no es el primer caso de desplazamiento en la región, ya que el año pasado unos 600 mexicanos huyeron a Guatemala por la misma causa y regresaron a sus hogares casi siete meses después. Analistas de la zona señalan que la región fronteriza es un campo de batalla por el control de rutas de tráfico de drogas entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.
