San Luis Potosí, SLP.- Las cifras duelen y deberían sacudirnos, en México, 8 mil 837 personas se quitaron la vida en 2023. De ellas, más del 81% fueron hombres. San Luis Potosí no solo forma parte de este mapa, sino que ocupa uno de los lugares más altos de incidencia con una tasa de 9.1 suicidios por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional de 6.8.
Detrás de cada número hay una historia de abandono, violencia, soledad o fracturas familiares. En la capital potosina, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, ha advertido un repunte en los reportes de crisis emocionales que derivan en intentos de suicidio. Y no se trata de llamadas en donde la persona dice abiertamente “quiero morir”, sino de señales desesperadas que llegan en dos momentos del año con fuerza devastadora, diciembre y los meses de calor.
En las fiestas navideñas, la nostalgia y la ausencia se convierten en detonantes. En la temporada de altas temperaturas, los conflictos intrafamiliares —exacerbados por el encierro, el estrés y la violencia de género— hacen lo propio. “Las altas temperaturas no solo afectan el ánimo, también intensifican los conflictos en casa”, advirtió Villa Gutiérrez. El patrón es claro, hombres jóvenes y mujeres atrapadas en ciclos de violencia encabezan las estadísticas.
Pero lo más alarmante es lo que rodea a estas emergencias. La Cruz Roja en San Luis Potosí, a través de su delegado estatal, Jesús Ernesto de la Maza Jiménez, reconoce que después de accidentes viales y quemaduras, la tercera causa más frecuente de atención son precisamente los intentos de suicidio. Y sin embargo, en la práctica, la salud mental sigue tratándose como un asunto menor, casi invisible.
El Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones reportó que entre enero y septiembre de 2023, los servicios de salud potosinos atendieron apenas 14 casos por ideación suicida y 14 por intento consumado. ¿De verdad alguien cree que esos son todos? La disparidad entre lo que se reporta y lo que realmente ocurre es brutal. La mayoría de las crisis quedan atrapadas en la informalidad, en la soledad de una casa, en la esquina de una calle o en la línea de emergencia de la policía, donde un agente improvisa como psicólogo sin tener las herramientas para contener un abismo humano.
La tragedia se concentra en los mismos de siempre, personas en situación de calle, jóvenes sin red de apoyo, mujeres violentadas y familias quebradas. Casos que terminan reducidos a una carpeta de estadística y no a una política pública real. Porque lo que hay son respuestas reactivas, parches institucionales, discursos de ocasión. Pero no hay un programa integral, sostenido, que priorice la salud emocional como un derecho y no como un lujo.
San Luis Potosí vive una emergencia silenciosa. La ciudad respira violencia, abandono y soledad, pero parece más preocupada por contar muertos en accidentes viales que por salvar vidas antes de que se pierdan en el suicidio. Nos hemos acostumbrado a voltear la cara, a decir “eran problemas personales”, como si lo personal no fuera también social, político y colectivo.
La pregunta incómoda es esta: ¿cuántas muertes más necesitamos para reconocer que la salud mental es un problema de seguridad pública, de justicia social y de humanidad? Mientras no lo aceptemos, seguiremos acumulando números fríos, pero ignorando lo que en verdad representan, un grito de auxilio que nunca quisimos escuchar.