Lejos de cumplir hasta el último día con ética y responsabilidad, el personal está actuando en sentido totalmente opuesto a lo que marca la ley que deberían proteger.
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San Luis Potosí, SLP.- La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP) tiene como función principal garantizar el acceso ciudadano a la información pública, un derecho humano, promover su ejercicio y defenderlo ante negativas o incumplimientos de las autoridades, mediante la correcta aplicación de la Ley de Transparencia.
Sin embargo, tras las recientes reformas a nivel federal que eliminaron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los estados deberán armonizar sus leyes, y en breve, la CEGAIP desaparecerá para dar paso a un nuevo organismo llamado “Transparencia para el Pueblo”, que estará bajo control de la Contraloría estatal.
Lejos de cumplir hasta el último día con ética y responsabilidad, los comisionados José Gerardo Navarro Alviso y Ana Cristina García Nales, junto con las proyectistas Adriana Berenice Capetillo y Marcela Acosta Ibáñez, están actuando en sentido totalmente opuesto a lo que marca la ley que deberían proteger.
De forma sistemática y coordinada, han estado desechando una gran cantidad de quejas presentadas por ciudadanos que, tras no encontrar información en la Plataforma Estatal de Transparencia o no recibir respuesta de las autoridades, principalmente ayuntamientos y dependencias estatales, recurrieron a la CEGAIP en busca de justicia.
En actos claramente dolosos, irresponsables y hasta descarados, han rechazado quejas que cumplen completamente con lo que establece la Ley de Transparencia. Los comisionados, actuando al unísono, han argumentado que dichas quejas “no proceden” y recomiendan a los ciudadanos revisar la plataforma, aunque la información simplemente no existe o fue negada por las autoridades.
Los ejemplos abundan. Ayuntamientos como Villa de la Paz, Villa de Reyes, Santo Domingo, Huehuetlán, Zaragoza y Mexquitic, así como la Secretaría de Turismo, se niegan a publicar datos básicos como las percepciones del cabildo o el personal administrativo.
Mexquitic, por ejemplo, oculta los montos directamente y Turismo a entregar copia de estados de cuenta bancarios.
Ante esta omisión, los ciudadanos presentaron solicitudes de información, y cuando no obtuvieron respuesta, presentaron quejas ante la CEGAIP. Pero en lugar de respaldar a los solicitantes, la comisión rechazó sus quejas con argumentos inverosímiles, alegando que la información se puede obtener desde la plataforma… donde claramente no está.
Esto no solo es insultante, sino un abuso flagrante del poder que se les confió. La CEGAIP, lejos de garantizar el acceso a la información, hoy opera como un muro de contención para proteger a funcionarios opacos y evitar que la ciudadanía ejerza su derecho. Ya sabemos que pronto se van a ir y no quieren acumular trabajo, pero insistimos, su deber es cumplir con la ley y actuar con responsabilidad hasta el último día.
¿Qué sanción merecen quienes violan la ley que deben hacer cumplir?
Existen diversas vías para exigir justicia ante estos actos tan graves por parte de los comisionados y proyectistas de la CEGAIP: desde su inhabilitación, pasando por un juicio político, hasta una denuncia penal.
Es momento de alzar la voz con fuerza. La transparencia no es una concesión: es un derecho. Y no vamos a permitir que quienes deberían defenderlo, lo pisoteen sin consecuencias.
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