San Luis Potosí, SLP.- En San Luis Potosí, el comercio informal no es un fenómeno aislado ni menor: es una realidad cotidiana que moldea el paisaje urbano, la economía y hasta la dinámica social. Sin embargo, la forma en que se enfrenta —o se tolera— este sector revela diferencias notables entre las administraciones municipales de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez.
El alcalde soledense, Juan Manuel Navarro, ha optado por un discurso conciliador, casi paternalista. Reitera, una y otra vez, su compromiso con el “diálogo” y la “buena comunicación” con los comerciantes ambulantes, a quienes reconoce como parte fundamental de la economía local. Su estrategia, al menos en el discurso, se basa en brindar facilidades y espacios, con la promesa de mantener el orden y el respeto. El énfasis está en la cercanía y en el trato digno, no en la restricción.
En contraste, el presidente municipal de la capital, Enrique Galindo Ceballos, responde desde un frente más técnico y regulador. Ante las críticas por supuesta inacción frente al comercio informal en el Centro Histórico, Galindo recurre a cifras, censos y planes de acción. Asegura que el número de ambulantes activos ha bajado de los más de dos mil estimados a poco más de quinientos, y que existe una estrategia integral que no se limita al ambulantaje, sino que también incluye limpieza, alumbrado, ordenamiento urbano y seguridad. Su enfoque es más de contención que de expansión, con la promesa de evitar que los vendedores se desplacen indiscriminadamente por el corazón de la ciudad.
Ambos alcaldes coinciden en un punto, el comercio informal es inevitable y forma parte de la vida económica de cualquier urbe. Sin embargo, las diferencias son claras. Soledad parece apostar a la convivencia armónica sin poner sobre la mesa medidas de control concretas, mientras que la capital se aferra a un plan de regulación que, aunque suena estructurado, todavía enfrenta el reto de sostener resultados y cumplir sus metas a corto plazo.
El problema es que, más allá del discurso, el comercio informal en ambas ciudades sigue representando un desafío para la movilidad, el orden urbano y la competencia leal con el comercio establecido. El riesgo es que las buenas intenciones en Soledad se traduzcan en permisividad, y que la planeación en la capital se quede en promesa si no hay una aplicación firme y constante.
En este terreno, la verdadera diferencia no la marcarán las palabras ni las cifras, sino la capacidad de ambos gobiernos para equilibrar la economía de quienes dependen del ambulantaje con el derecho de la ciudadanía a un espacio público ordenado, seguro y transitable. Por ahora, cada quien sigue jugando su propia partida pero el tablero es el mismo.