La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra su titular del Órgano Interno de Control, Arturo Serrano Meneses, y el responsable del Área de Responsabilidades, Carlos Enrique Rascón Yrízar, por un presunto soborno.
Fuentes federales confirmaron que la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR solicitó a la justicia federal programar una audiencia inicial para imputar y pedir la vinculación a proceso de los funcionarios por el delito de cohecho.
Sobre el caso judicializado, no proporcionaron detalles de los hechos imputados ni el monto del presunto soborno, pero indicaron que se trata de una denuncia presentada este año que dio lugar al inicio de la carpeta de investigación FED/FECOC/FEIARCDMX/0002418/2025.
Los informes recabados indican que el caso estaría relacionado con la denuncia de una empresa que participó en un proceso de contratación de la FGR.
De momento, el Centro de Justicia no ha fijado una fecha para la audiencia en la que serán imputados los servidores públicos.
La FGR atribuye a Serrano y Rascón el delito previsto en el artículo 222 del Código Penal Federal, contra los servidores públicos que, a motu propio o por medio de terceros, solicitan o reciben ilícitamente dinero o cualquier beneficio -o aceptan una promesa- para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.
A quienes reciben un soborno cuyo monto es menor a las 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (hoy equivalente a 56 mil 570 pesos), el castigo es de 3 meses a 2 años de prisión; pero si la dádiva excede esa cantidad, la pena es de 2 a 14 años de prisión.
El caso fue turnado a Arturo Medel Casquera, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, quien se encuentra de vacaciones y dejará el cargo el próximo 30 de agosto, ya que perdió la elección judicial.
Grupo REFORMA informó que el pasado viernes, en medio de un operativo con elementos de Seguridad Institucional, la FGR removió a Serrano Meneses como titular de su OIC, y a 9 mandos de su equipo de colaboradores, por presuntos actos de corrupción.
Los agentes y fiscales federales llegaron a la sede del organismo, en Periférico Sur 2836, edificio 101, en la colonia Tizapán San Ángel, y notificaron su remoción a los responsables de instruir los procedimientos de responsabilidad administrativa.
Según informes recabados, desde abril existían carpetas de investigación contra Serrano y sus subordinados por delitos contra la administración de justicia, tráfico de influencias y cohecho. El caso recién judicializado es apenas uno de ellos.
El 30 de abril de 2019, Serrano se convirtió en el primer titular del OIC de la FGR, designado por la Cámara de Diputados por un periodo de cuatro años, luego de que ese organismo, al igual que la Fiscalía, también fuera dotado de autonomía constitucional.
El 1 de mayo de 2023, tras concluir su mandato, Serrano fue ratificado en el cargo por la Cámara baja por un nuevo mandato que concluiría hasta el 30 de abril de 2027 y que ahora ha quedado trunco.
