Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República (FGR), acusó al juez Jonathan Francisco Izquierdo Prieto de negarse a revisar 75 pruebas presentadas en contra del presunto traficante de personas, Luis García Villagrán, quien fue liberado ayer.
Durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario informó que apelarán la decisión e iniciarán una carpeta de investigación contra el juzgador.
"La Secretaría de Seguridad Federal obtuvo cerca de 75 pruebas que establecen la presunta responsabilidad de esta persona. Pidió la orden de aprehensión y el juez, con esas 75 órdenes, dio la orden de aprehensión. Se detuvo a la persona y cuando la llevamos frente al juez, el juez no quiso ni siquiera analizar las 75 pruebas que habían presentado todas las autoridades.
"Dijo que, como se dedicaba a proteger a los grupos migrantes, lo ponía en libertad. Yo no había visto una cosa igual", afirmó.
"¿Apelarán la decisión?", se le preguntó.
"¡Pero por supuesto! No solamente vamos a apelar, vamos a iniciar una carpeta", respondió.
En Palacio Nacional, Gertz Maneno sostuvo que, detrás de la liberación de García Villagrán, hay fortunas incalculables que, a través del tráfico de migrantes, victimizan a miles de personas.
"Y esto no puede quedar así", advirtió.
La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que el acusado forma parte del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos desde 2019.
Sin embargo, aclaró que, de contar con las pruebas suficientes, puede ser aprehendido por las autoridades.
"El señor fue inscrito, se acercó en el año 2019, pero cualquier persona que esté bajo el Mecanismo de Protección, que puede tener un botón o que puede tener todo tipo de atención y que cometa cualquier delito, no importa que estén en el Mecanismo de Protección, pueden ser detenidos", informó.
"Siempre y cuando haya una orden de aprehensión, por ejemplo, en este caso, de un juez que es el mismo que después le otorga la libertad. Estamos todavía en el caso, estamos esperando a la Fiscalía General de la República cuál es la situación sobre las diligencias, la apelación respectiva".
El pasado 6 de agosto autoridades federales señalaron a García Villagrán, alias "El Choco", como responsable de conseguir documentación falsa para acreditar el paso legal de los migrantes por territorio nacional.
En Tapachula, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República cumplimentaron una orden de aprehensión contra el activista migrante por delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de personas.
De acuerdo con fuentes federales, el defensor era uno de los principales impulsores de las caravanas.
También fungía como director del Centro para la Dignificación Humana de la Coordinación de la Caravana Migrante, la cual usaba como fachada para cometer este delito.
García Villagrán es uno de los principales colaboradores de Irineo Mújica Arzate, presunto líder de una red de polleros, que utiliza fundaciones de apoyo a los migrantes como fachada para llevar a cabo los delitos de tráfico de personas y distribución de droga.
Un día después, la Presidenta confirmó que el defensor no es un activista, sino una persona vinculada con el delito de tráfico de personas.
"No es un activista. Había una orden de aprehensión desde hace años y se cumplimentó", dijo.
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