San Luis Potosí, SLP.- Pese a las críticas por destinar más de 91 mil pesos mensuales del erario para custodiar una casona privada en avenida Carranza, el alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció que esta misma estrategia se aplicará en al menos ocho inmuebles más, también de propiedad privada, ubicados en colonias como Imperio Azteca, Tercera, Reforma, 20 de Noviembre y Bolívar.
La justificación del edil es que en estos espacios abandonados se han registrado robos, almacenamiento de objetos sustraídos y que algunas personas los han utilizado como refugio. “Lo que buscamos es quitar el foco de infección criminal y dar utilidad a estos espacios, pero siempre respetando la propiedad privada y con la autorización de los dueños”, aseguró Galindo.
El alcalde añadió que la intervención en estas viviendas responde a “peticiones ciudadanas” y que su gobierno está “trabajando de manera conjunta con particulares interesados en intervenir sus inmuebles”.
Sin embargo, la medida abre un cuestionamiento de fondo, ¿por qué el Ayuntamiento destina recursos humanos y financieros a proteger propiedades privadas mientras terrenos baldíos, casas abandonadas de carácter público y otros espacios que sí son del dominio municipal siguen sin atención?
Colectivos y vecinos advierten que esta política convierte a la administración capitalina en un guardián de intereses particulares bajo el discurso de seguridad pública, dejando de lado zonas con alta incidencia delictiva como Dalias, donde recientemente ocurrió un asalto a mano armada.
En el caso de la casona de Carranza, la vigilancia de seis policías municipales en tres turnos ha generado un gasto fijo que, según críticos, responde más a una estrategia propagandística que a un plan integral contra la inseguridad. Ahora, con la ampliación de este esquema a otras ocho propiedades, la polémica se intensifica.
“Es un trabajo que hacemos con los propietarios porque ellos también quieren que sus inmuebles no sean un riesgo para la comunidad”, insistió el edil.
¿Es esta la mejor manera de usar los recursos públicos para combatir la inseguridad? ¿O se trata de una priorización cuestionable que favorece a particulares mientras la ciudad enfrenta un déficit de patrullajes y atención en espacios públicos deteriorados?
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