Bajo argucias legales, el ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, busca eludir su responsabilidad por vender una planta chatarra a Pemex en medio de presuntos actos de corrupción.
La venta de la planta Agronitrogenados, que llevaba 14 años sin operar, provocó un daño al erario por 216 millones de dólares. REFORMA documentó las condiciones en que se encontraba dicha planta.
Meses antes de convertirse en director de Pemex en 2012, Emilio Lozoya recibió un depósito de 3.5 millones de dólares por parte de Ancira, y un año después, ya en Pemex, compró a AHMSA la planta chatarra.
En un giro inesperado, Alonso Ancira solicitó a la justicia federal anular su causa penal por lavado de dinero, derivada del Caso Agronitrogenados, y cancelar el acuerdo reparatorio que lo obligaba a cubrir 216 millones de dólares a Pemex.
Gracias a ese acuerdo, el empresario salió del Reclusorio Norte el 19 de abril de 2021 para enfrentar en libertad la acusación. Ancira cumplió con los primeros anticipos, pero en 2023, cuando había cubierto 104 millones 166 mil 50, dejó de pagar los restantes 112 millones 497 mil 990.
Ahora, pidió cancelar el convenio porque asegura que la acusación deriva de un "montaje" en el que Pemex simuló un daño que nunca tuvo.
En solicitudes por escrito, presentadas por su apoderado legal Gabriel Reyes Orona y dirigidas al Juez de la causa del Reclusorio Norte, señala que Proagroindustria, la empresa que le compró en 2013 la planta de Agronitrogenados, no era en aquel momento una entidad pública ni subsidiaria de Pemex.
Según su versión, el dinero con el que le pagaron esa planta tampoco procedía de recursos públicos ni de las arcas de Pemex y que el financista hasta el momento permanece oculto.
A dos meses de que dejó de pagar, en enero de 2024, la FGR pidió al juez de control girar su reaprehensión por incumplir con el pago.
En aquella ocasión, el Juez no giró el mandato de captura porque Pemex se opuso en la audiencia a la pretensión de la Fiscalía; de hecho, le dieron una prórroga para pagar, la cual venció en noviembre de 2024.
Al vencer el nuevo plazo, Ancira tampoco pagó y, pese a ello, esta vez las autoridades ya no solicitaron la recaptura del empresario, quien es ciudadano estadounidense y reside en San Antonio, Texas.
