La restricción entró en vigor hace aproximadamente 16 o 17 años
San Luis Potosí, SLP.- Aunque la práctica de la partería tradicional está prohibida en San Luis Potosí desde hace casi dos décadas, Patricia Rivera, partera originaria de la capital potosina, continúa brindando acompañamiento y atención prenatal a mujeres embarazadas en la Zona Metropolitana.
La restricción entró en vigor hace aproximadamente 16 o 17 años, coincidiendo con la llegada del Seguro Popular al estado. Desde entonces, quienes ejercen esta labor ya no pueden asistir partos ni ingresar a quirófanos para acompañar a las mujeres en el alumbramiento.
Patricia explica que su trabajo ahora se limita a ofrecer seguimiento durante el embarazo y a “acomodar” al bebé para facilitar un parto normal, además de apoyar a mujeres con dificultades para concebir o llevar a término la gestación.
“En la actualidad está prohibida la partería aquí en San Luis. Entonces lo que hago es acomodar a los bebés, a las mujeres que no pueden tener bebés por alguna razón, les ayudo y llevo el acompañamiento durante el embarazo”, señala Patricia.
Ella aprendió el oficio de su abuela y de una vecina que también ejercía como partera. Antes de la prohibición, llegó a asistir numerosos partos; hoy, mantiene una cartera de entre 10 y 15 usuarias. Patricia es madre de siete hijos y fue atendida en sus alumbramientos por Lorenza, una partera reconocida en la colonia Satélite.
En cuanto a los costos, mientras que un parto en un hospital privado puede costar alrededor de cinco mil pesos, el servicio de una partera —cuando todavía era legal— oscilaba entre mil y dos mil pesos, un ahorro significativo para las familias.
Aunque en la capital potosina la partería se limita hoy al acompañamiento, en la zona Huasteca todavía existen numerosos “parteros” hombres, lo que muestra que la tradición persiste, aunque de forma menos visible.
La partería ha sido históricamente un pilar de la atención materno-infantil, especialmente en comunidades rurales o con pocos recursos. Sin embargo, la prohibición en San Luis Potosí se justificó en su momento por razones de seguridad y control sanitario, argumentando que los partos sin supervisión médica podían poner en riesgo la vida de la madre y del bebé en casos de complicaciones.
A pesar de ello, muchas parteras —como Patricia— han sido capacitadas de manera empírica y cuentan con años de experiencia, lo que les otorga un conocimiento profundo de los procesos del embarazo y el parto. El problema es que, al estar fuera del marco legal, su labor se ha desvalorizado y reducido a tareas de acompañamiento, invisibilizando su papel cultural y social.
Paradójicamente, en zonas rurales y marginadas donde el acceso a hospitales es limitado, las parteras continúan siendo la única opción para muchas mujeres. La eliminación de esta figura sin ofrecer una alternativa accesible y humanizada puede derivar en una mayor vulnerabilidad para las madres.
La pregunta de fondo no es solo si la partería es peligrosa, sino por qué se ha preferido erradicarla en lugar de integrarla a un sistema de salud que combine la tradición con protocolos médicos modernos. Mientras tanto, quienes mantienen viva la práctica lo hacen en los márgenes, con un reconocimiento cada vez menor y bajo la sombra de la ilegalidad.
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