Está a la espera de los resultados de la Contraloría Municipal sobre el regidor y el titular de la UGCH
San Luis Potosí, SLP.- El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que está a la espera de los resultados que emita la Contraloría Municipal en torno a la denuncia por acoso laboral y abuso de funciones presentada contra el regidor Jorge Alberto Zavala López y el titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, José de Jesús Becerra.
Galindo puntualizó que, si la investigación confirma las acusaciones, ambos serían separados de sus cargos. “La Contraloría Municipal, cada vez que tiene noticia de algún mal funcionamiento o de algo irregular, abre una investigación para saber si es cierto y determinar responsabilidades. Si hay sanciones, que se apliquen, incluso la separación del cargo; si no es verdad, se debe dar claridad a la persona que denuncia”, expresó el edil.
El alcalde también señaló que en algunos casos las denuncias resultan falsas, pero en otros sí se comprueban, por lo que insistió en que la Contraloría está realizando un trabajo “muy responsable” para llegar a la verdad.
La investigación se deriva de una queja presentada por Érika Tapia, extrabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, quien denunció acoso laboral, represalias y corrupción al interior del Ayuntamiento, presuntamente cometidos por una red de funcionarios vinculados políticamente al grupo que hasta hace unos meses controlaba el PRD en San Luis Potosí.
De acuerdo con su testimonio, el hostigamiento comenzó por parte de Liliana Zavala López, coordinadora administrativa de la Unidad y hermana del regidor Jorge Zavala. La afectada aseguró que también sufrió acoso de parte de su jefe directo, José de Jesús Becerra, titular de la dependencia.
Tapia sostuvo que, tras denunciar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las instancias municipales, en lugar de recibir apoyo fue despedida bajo el argumento de “ineficiencia”, lo que, asegura, solo buscó encubrir la violencia laboral y el machismo dentro de la administración.
Afirmó que el regidor habría ordenado su salida, y que tanto su hermana como Becerra ejecutaron la instrucción: “Es una red de poder que calla a quien se atreve a denunciar”, acusó.
La ex trabajadora apuntó directamente al alcalde Enrique Galindo, a la directora de la Instancia de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez, y a la Contraloría Municipal que encabeza Gabriela Torres, por no haber dado seguimiento a su denuncia.
“La política de ‘cero tolerancia’ es una mentira. Es solo un discurso para tapar la corrupción y el abuso que se vive en esta administración”, declaró.
En un video publicado en redes sociales, el regidor Jorge Alberto Zavala López negó las acusaciones y aclaró que no ocupaba un cargo público cuando fue dada de baja otra extrabajadora señalada en medios. Sobre el caso de Érika Tapia, sostuvo que su contrato concluyó el 30 de junio de 2025, conforme a la normatividad y a decisión administrativa de la dirección correspondiente.
Zavala afirmó tener “total apertura” para que se realice la investigación y se deslinden responsabilidades.
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