El presidente de la agrupación civil Defensorxs, Miguel Alfonso Meza, dio a conocer que un candidato a juez, de los que fueron alertados como "altamente riesgosos", lo denunció por presuntamente cometer violencia política en razón de género, por lo que el Instituto Nacional Electoral le requirió información sobre el caso.
Meza Carmona aseguró que tal denuncia en su contra es otro caso contra la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo, al tiempo de que respondió al INE que no va a revelar sus fuentes ni justificar su trabajo ante las autoridades electorales.
Antes de la elección del 1 de junio, Miguel Alfonso Meza y Defensorxs dieron a conocer varios nombres de candidatas y candidatos que eran considerados "riesgosos" por sus relaciones con grupos criminales, denuncias sexuales y por otros presuntos delitos.
En esa lista estaba Luis Castañeda Palacios, quien se desempeñaba como subdirector de Defensa Legal en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
Defensorxs informó que el candidato a juez federal en materia laboral tenía 36 denuncias de acoso sexual y una por homicidio culposo.
Sin citar el nombre de Castañeda, Miguel Alfonso Meza señaló que tuvo audiencia en el INE por la denuncia en su contra por parte de un hombre que alega "violencia política".
"En respuesta a los requerimientos realizados por las autoridades electorales, me limito a señalarles que en la página https://eleccionjudicial.defensorxs.com/ y en el perfil https://x.com/MiguelMezaC pueden encontrar las publicaciones realizadas por Defensorxs en contra de 25 candidatos altamente riesgosos en la elección judicial, incluyendo al candidato denunciante.
"Nos negamos a revelar nuestra fuentes o proporcionar más información, ya que ello solo contribuiría a legitimar el asedio judicial que se ha ejercido en los últimos meses en contra de la libertad de expresión", indicó Meza en el escrito presentado ante el INE.
En su texto, reclama que el Instituto y el Tribunal Electoral se hayan transformado en herramientas clave para censurar a periodistas, activistas y ciudadanos comunes que exponen o critican a los personajes más poderosos del oficialismo.
Destacó que la presión ejercida por las autoridades electorales en contra de la libertad de expresión ha tomado varias formas: el inicio de investigaciones formales contra ciudadanos críticos, requerimientos contra periodistas para revelar sus fuentes, multas, órdenes para retirar publicaciones y pedir disculpas públicas por decenas de días, así como el uso indebido de la figura de violencia política de género.
"El INE y el Tribunal han pretendido avanzar un paso más en el uso abusivo de esta figura, ahora iniciando una investigación en mi contra a partir de una denuncia por 'violencia política' presentada por un hombre que se desempeñaba como subdirector de Defensa Legal en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República hasta febrero de este año, y que compitió para ser juez federal.
"A partir de esta investigación me han realizado varios requerimientos para revelar mis fuentes y sustentar el trabajo periodístico, que se sostiene por sí mismo", dice el escrito entregado al INE.
Refirió que existe un movimiento de mujeres que acusó al referido candidato por 36 casos de acoso sexual, además de que se han publicado decenas de capturas de pantalla y testimonios anónimos sobre sus actividades.
Incluso, dijo, el candidato mismo aceptó implícitamente haber estado involucrado en el atropellamiento de una persona que falleció.
Miguel Alfonso Meza reprochó al INE que mientras se le da entrada y cause a la denuncia por violencia política hacia un ex ex empleado de la Presidencia de la República, lo que detonó el inicio de una investigación en su contra, decenas de casos que ha denunciado desde Defensorxs han sido recibidos por las mismas autoridades electorales con un portazo en la cara.
"Desecharon nuestras denuncias y demandas con cientos de pruebas, en contra de tres precampañas ilegales de ministras en funciones, la intervención del Estado en la elección judicial a través de la Operación Acordeón, así como decenas de candidatos que identificamos como altamente riesgosos por estar vinculados con el crimen organizado, delitos sexuales y sectas sancionadas por trata de personas.
"Los ataques contra la libertad de expresión tienen un efecto de contagio: cuando son efectivos, sus perpetradores encuentran una herramienta confiable para acallar a sus críticos. Cuando una persona es sancionada o intimidada, todos los ciudadanos son afectados, enfrentados al riesgo cada vez mayor de ejercer una libertad fundamental: levantar la voz contra las injusticias", manifestó.
Citó cinco casos recientes de quienes han hechos publicaciones periodísticas o realizado comentarios críticos contra personajes de la vida pública, que han sido sancionados de diversas formas.
Citó al periodista Juan Jesús Gardel Castañeda, director del medio Acapulco Trends, quien fue multado y obligado a pedir disculpas públicas por 15 días por violencia política de género, luego de publicar información de presuntos desvíos por 898 millones de pesos de la edil de Acapulco; la ciudadana Karla Estrella que fue obligada a pagar una multa y a ofrecer disculpas públicas 30 días, por señalar el posible nepotismo que benefició a una diputada para lograr su candidatura.
También citó a la ciudadana Laisha Wilkins, que fue denunciada por llamar "censuradora" a una candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el periodista Héctor de Mauleón y el periódico El Universal, multados y a quienes se les ordenó eliminar una publicación sobre vínculos de una candidata de Tamulipas con redes del huachicol, y la periodista Laura Brugués que fue requerida por el INE para revelar información sobre la distribución de los acordeones.
El contagio de las denuncias, manifestó, se evita cuando la sociedad presenta un frente unido para defender sus libertades políticas, cuando miles de personas revierten el escarnio público hacia sus agresores, intensifican el escrutinio periodístico sobre su modo de vida, desobedecen las ordenes de eliminar publicaciones sobre políticos criminales y se niegan a revelar sus fuentes.
"El periodismo se defiende ante la arena publica con el rigor de su trabajo, no sometido al enjuiciamiento de tribunales a modo", aseveró en el escrito de respuesta al INE.
