El Poder Judicial en México ya exigía una transformación en la impartición de justicia, por lo que, pese a las irregularidades registradas el día de la elección y a que varios candidatos no cumplían con los requisitos de ley, no se puede desacreditar la reforma judicial antes de su entrada en vigor el próximo 1 de septiembre, consideró la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.
En su visita a las instalaciones del Poder Judicial del Estado, donde ofreció una conferencia magistral ante trabajadores de la institución, Esquivel Mossa destacó que la integración actual de la SCJN, que está por concluir funciones, así como las anteriores, no tuvieron la visión de impulsar una transformación interna ni de atender la realidad social fuera de los tribunales y juzgados. Señaló que, ante el hecho de que los jueces figuran entre los peor evaluados en materia de corrupción, era evidente la necesidad de una reforma que modifica estructuras, desde el método de nombramiento hasta la elección directa por parte de la ciudadanía.
La ministra afirmó que uno de los retos más importantes de la reforma judicial es lograr una mayor cercanía del juzgador con la población. “No pueden estar ajenos a los acontecimientos que están afuera, a las exigencias de una justicia social y de derechos humanos; hay que poner en el centro a la persona y su dignidad, y conocer las circunstancias que rodean cada caso que nos toque juzgar”, dijo.
En el contexto de la construcción de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, Esquivel Mossa sugirió que se ponga a la ciudadanía en el centro del nuevo modelo judicial. Advirtió que el éxito de la reforma dependerá del trabajo de los jueces y magistrados electos: “Si ellos fallan, falla la reforma; hoy dependemos de que los nuevos juzgadores hagan su trabajo”.
Finalmente, señaló que el 1 de septiembre, en el Senado de la República, se tomará protesta a los nuevos juzgadores federales electos, y el 15 de septiembre, en San Luis Potosí, a los 15 magistrados y magistradas electas a nivel local, así como a jueces y juezas. Agregó que existen impugnaciones que deberán resolverse antes del 30 de agosto, las cuales se están atendiendo en el Tribunal Local, con la posibilidad de que las resoluciones sean impugnadas ante la justicia federal.
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