San Luis Potosí, SLP.- Lo que comenzó como ofertas atractivas de viviendas terminó destapando una compleja red de corrupción en San Luis Potosí, donde abogados, empleados judiciales, ministerios públicos y particulares habrían operado juntos para despojar a familias de su patrimonio.
De acuerdo con los abogados Marco Antonio Barrera y Lorenzo Sánchez Andrade, al menos 14 personas han sido reconocidas oficialmente como víctimas, aunque se sospecha que el número real podría ser mucho mayor. El presunto cerebro de la operación, identificado como Daniel N., habría ideado un mecanismo casi perfecto para despojar de inmuebles a sus víctimas, estudiar su situación, ganarse su confianza y luego iniciar juicios simulados por desocupación o falta de pago, todo con la presunta complicidad de personal del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.
El fraude operaba así, a los interesados se les ofrecían casas en venta o renta; después, el imputado principal fabricaba demandas y tramitaba juicios ficticios con ayuda de trabajadores de juzgados y ministerios públicos. Incluso, según los testimonios, obtenía copias de las denuncias que las víctimas presentaban, para intimidarlas o presionarlas a entregar bienes en garantía.
Las coincidencias en las historias llevaron a las víctimas a encontrarse entre sí, descubriendo que todos enfrentaban procesos casi idénticos. Ese patrón permitió a las autoridades judiciales solicitar y obtener órdenes de aprehensión contra Daniel N. y Arturo Gael N., quienes ya fueron vinculados a proceso por la jueza Carolina Galicia Benítez, en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia de La Pila. El caso quedó asentado bajo la carpeta 3581/2025.
Los abogados que representan a las víctimas advierten que este apenas es el primer golpe contra la red. La investigación podría alcanzar a más funcionarios y particulares involucrados, conforme avancen las carpetas y se presenten nuevos testimonios. Reconocieron también el papel de la fiscal Manuela García Cázares, cuya labor permitió que los casos fueran desahogados en tiempo y forma, rompiendo un círculo de impunidad que parecía blindado.
Este caso no solo exhibe un fraude inmobiliario; destapa un mal mucho más grave, la colusión entre actores del sistema judicial y delincuentes de cuello blanco. Cuando quienes deberían impartir justicia se convierten en cómplices del despojo, el ciudadano queda indefenso y la corrupción se institucionaliza.
La pregunta que queda en el aire y es inquietante: ¿cuántas redes similares operan aún en silencio, al amparo del poder y la impunidad?.
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