San Luis Potosí enfrenta una grave crisis de impunidad en los delitos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes. Entre enero de 2019 y marzo de 2025 se han abierto 549 carpetas de investigación por abuso sexual y violación de menores en la zona metropolitana, pero solo dos fueron judicializadas y una sola obtuvo sentencia condenatoria.
Datos oficiales, en la capital potosina se registraron 453 denuncias, de las cuales solo dos llegaron a juicio. En el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez, se abrieron 96 carpetas y ninguna fue judicializada.
Esto representa una tasa de respuesta judicial efectiva de apenas 0.2?% en la capital y 0?% en Soledad. La impunidad es casi absoluta.
Las cifras evidencian un rezago estructural del sistema judicial y de procuración de justicia en San Luis Potosí. Organizaciones civiles advierten que detrás de los números fríos se esconden historias de dolor silenciado, procesos re victimizantes y una “cifra negra” imposible de ignorar, los cientos de casos que no se denuncian por miedo, estigmatización, desconfianza o falta de acompañamiento institucional.
Aunado a ello, las fallas en la integración de carpetas, la ausencia de personal especializado y la indiferencia sistemática de las autoridades convierten a las víctimas en estadísticas sin justicia.
Cuando el Estado no castiga, valida.
La impunidad no solo perpetúa la violencia, la institucionaliza. Si las cifras muestran que solo una de cada 549 víctimas logra justicia, el mensaje es claro, abusar de una niña o adolescente en San Luis Potosí no tiene consecuencias.
¿Cuántas denuncias más se necesitan para que el sistema reaccione?
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