San Luis Potosí, SLP.- San Luis Potosí enfrenta una doble alerta, el uso de redes sociales a edades cada vez más tempranas y la falta de educación sexual integral están detrás del alarmante número de embarazos adolescentes registrados en lo que va del 2025.
Datos recientes del Registro Civil estatal revelan que de los cerca de 10 mil nacimientos contabilizados este año, el 30 por ciento corresponde a madres adolescentes, es decir, unas 3 mil menores de edad que ya enfrentan responsabilidades que superan su etapa de desarrollo.
Las cifras, más allá de ser un dato estadístico, reflejan una crisis estructural. Especialistas en derechos humanos y salud mental coinciden en que estos embarazos no son hechos aislados, sino el resultado de contextos sociales de precariedad, falta de oportunidades y desinformación.
“Muchas adolescentes encuentran una identidad en ser madres, en ser esposas, porque no ven otras opciones posibles. Viven en comunidades donde los sueños se cancelan antes de siquiera poder formularse”, explica Janeth Alejandra Vargas Pillado, psicóloga del Centro Terapéutico Mujer Labrys.
Vargas Pillado señala que estos embarazos, en su mayoría no planeados y no deseados, tienen consecuencias severas en la salud emocional y física de las niñas, además de limitar sus oportunidades educativas y profesionales. “En San Luis Potosí seguimos sin garantizar una educación sexual integral por los tabúes que persisten sobre el tema. Es urgente avanzar en este rubro para prevenir embarazos forzados y violencia sexual”, agrega la especialista.
A este fenómeno se suma el creciente uso de redes sociales desde edades muy tempranas. De acuerdo con Mónica Reynosa, directora de la organización Luminas, la falta de educación y supervisión digital en casa y en la escuela abre la puerta a nuevos tipos de violencia.
“Muchas veces los embarazos o matrimonios forzados inician a través del contacto que niñas y adolescentes tienen en redes sociales, donde son captadas y manipuladas”, advierte Reynosa. La educación digital y la prevención de la violencia en línea, insiste, deben ser parte integral de cualquier estrategia de prevención del embarazo adolescente.
Los especialistas advierten que, cuando se trata de menores de 12 años, el término correcto es “embarazo forzado”, ya que una niña no puede consentir relaciones sexuales ni la maternidad. Entre los 13 y los 17 años, aunque se clasifica como adolescencia, la mayoría de estos casos también entra en la categoría de embarazos no deseados y vinculados a relaciones desiguales o violentas.
Este panorama, comentan las activistas, debería encender las alertas en materia de salud pública, educación, justicia y derechos humanos. La falta de acceso a servicios de salud reproductiva, programas escolares de prevención y acompañamiento psicológico profundiza las desigualdades.
Desde la sociedad civil se exige un cambio profundo en la forma en que se aborda el embarazo adolescente. No basta con estadísticas, se necesita voluntad política, presupuesto y una transformación educativa que enfrente los tabúes y abrace la realidad de niñas y adolescentes con información veraz y herramientas para decidir sobre su cuerpo y su vida.
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