San Luis Potosí, SLP.- Casi tres años después del nacimiento y muerte de su hijo, Luz Daniela Martínez Esparza no ha podido cerrar el duelo. No solo enfrenta la ausencia de su bebé, sino la indiferencia del sistema que, desde el 13 de noviembre de 2022, se ha empeñado en proteger a sus responsables, personal médico y administrativo del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en San Luis Potosí.
La historia comenzó una semana antes, el 5 de noviembre, cuando Daniela ingresó al hospital para dar a luz por cesárea. No fue sino hasta después del parto que le informaron que su hijo tenía una malformación anorrectal que requería intervención quirúrgica urgente. Urgencia que, en términos del IMSS, se tradujo en postergación, negligencia y silencio.
Durante días, su bebé fue mantenido con suero, sin alimentación adecuada ni vigilancia especializada. “No me permitieron darle pecho. Me decían que lo estaban ‘estimulando’ para liberar gases, pero nunca evacuó bien”, recuerda Daniela. A pesar de las condiciones críticas, la cirugía fue pospuesta en dos ocasiones por la supuesta falta de un cirujano y material médico. En un país que presume tener uno de los sistemas de salud más grandes de América Latina, no hubo quien operara a un recién nacido en estado delicado.
El 11 de noviembre, Daniela solicitó hablar con el director del hospital, pero fue recibida con frialdad. Al día siguiente, se logró finalmente la intervención, no gracias al sistema, sino a un cirujano externo que aceptó realizar el procedimiento. Para entonces, el deterioro del pequeño era evidente, abdomen inflamado, venas visibles, respiración agitada. Aun así, la atención fue insuficiente.
El 13 de noviembre, cerca de las 10 de la noche, el bebé sufrió tres paros respiratorios consecutivos y falleció. La familia no pudo despedirse. A Daniela le fue exigido firmar el acta de defunción, que omitía la causa de muerte, bajo amenaza de no entregarle el cuerpo de su hijo. Como si no hubiera perdido ya demasiado.
La muerte no solo dejó una herida emocional. Inició también una lucha legal y pública por justicia. La denuncia presentada ante la Fiscalía estatal dio paso a una carpeta de investigación, y en 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra seis funcionarios del IMSS por violaciones al derecho a la salud, a la vida y a la información médica. La CNDH también reconoció que se vulneró el interés superior de la niñez y el proyecto de vida de los padres.
Actualmente, la investigación permanece en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), en la carpeta FED/SLP/0000935/2024, sin avances sustanciales. Daniela sigue esperando lo que en teoría es un derecho, verdad, justicia y reparación.
La abogada de la madre exige lo que debería ser obvio, una investigación seria, sanciones ejemplares, y una reparación del daño que no sea meramente simbólica. Pero lo que encuentran a diario es un muro de impunidad, burocracia y complicidad institucional.
“Denunciar no es una forma de protagonismo, es una forma de sobrevivir. Cada vez que hablo de mi hijo, estoy luchando contra el olvido al que el Estado quiere condenarlo”, expresa Daniela.
El caso de Luz Daniela es solo uno de muchos que se diluyen en el laberinto institucional del IMSS, donde la negligencia se archiva, el dolor se minimiza y la responsabilidad se diluye entre los escritorios. El sistema de salud pública en México no puede seguir ocultando sus fallas estructurales detrás de tecnicismos o excusas de saturación. Cuando la vida de un recién nacido depende del quirófano que no está, del médico que no llega, del material que no se consigue, estamos ante un sistema que no cura, que no atiende, que mata.
Y lo que es peor, que calla.
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