La Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) hizo un llamado enérgico a las autoridades a garantizar la libertad de expresión, ante los actos de censura y hostigamiento a periodistas, medios de comunicación, activistas y ciudadanos en distintas entidades del país.
Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la BMA, afirmó que cualquier intento de silenciar voces críticas, manipular la información pública o restringir el debate libre y plural es una inadmisible amenaza directa al Estado Constitucional de Derecho y a la convivencia democrática.
"Hacemos un enérgico llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno a respetar y garantizar plenamente el ejercicio de este derecho fundamental. Asimismo, exhortamos a los organismos autónomos y al Poder Judicial a actuar con firmeza ante cualquier violación a la libertad de expresión", expuso en un comunicado.
"La BMA reitera su compromiso indeclinable con los principios democráticos, los Derechos Humanos y el imperio de la Ley. No puede haber justicia sin libertad. No puede haber democracia sin voces libres".
Kudisch Castelló expresó que los abogados de la Barra observan con alarma el uso de instrumentos legales o administrativos para intimidar o sancionar la crítica pública y, en casos extremos, la criminalización del ejercicio de la libertad de expresión.
También, el aprovechamiento e instrumentalización arbitraria de instituciones jurídicas para intervenir y censurar el contenido de notas e investigaciones periodísticas a través de censores, así como el uso del poder y sus instituciones para intimidar a los medios de comunicación e inhibir la libertad de prensa.
"La BMA, comprometida con la defensa del Estado de Derecho, manifiesta su profunda preocupación ante los recurrentes actos de censura, restricciones indebidas a la libertad de expresión y hostigamiento a periodistas, medios de comunicación, activistas y ciudadanos en diversas entidades de nuestro país", sostuvo.
"La libertad de expresión es piedra angular de toda democracia, reconocida como Derecho Humano por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales".
La asociación no menciona en particular casos como el del diario digital Tribuna de Campeche, al que una juez le impuso un interventor jurídico para que revise los contenidos previo a su publicación.
También, la vinculación a proceso de Jorge Luis González Valdez, periodista del mismo medio, quien fue vinculado a proceso por el delito de incitación al odio y le prohibieron mencionar en sus publicaciones a la Gobernadora Layda Sansores.
O el caso de la "Ley Censura" del Gobierno de Alejandro Armenta, que desde el 11 de julio castiga en Puebla con hasta tres años de prisión a quien "ofenda" a cualquier persona a través de redes sociales o cualquier otra tecnología de comunicación.
