Y de los 760 programas publicados o registrados, 60 por ciento fue elaborado hace más de una década
Menos de un tercio de los Municipios del País, 30.7 por ciento, cuenta oficialmente con un Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano.
Y de los 760 programas publicados o registrados, 60 por ciento fue elaborado hace más de una década.
El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Psedatu) 2025-2030, bajo revisión de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), advierte que de las 92 metrópolis identificadas en el País, sólo 29 tenían publicado y registrado su programa en 2023.
En tanto, señala, 18 de las 32 entidades del País publicaron su Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano antes de la entrada en vigor de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) en 2016, por lo que se consideran desactualizados normativamente.
Para marzo de 2025, agrega, sólo cinco entidades federativas habían armonizado su legislación con la LGAHOTDU; 25 habían realizado armonizaciones parciales, y las dos restantes se consideran no armonizadas, y menos de un tercio de las entidades (10) han emitido una ley de coordinación metropolitana.
"Además, debe considerarse que el nuevo paradigma en la planeación del territorio nacional es contar con programas de ordenamiento territorial urbano-ecológicos en un solo instrumento", apunta.
Elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), remarca que el ordenamiento resulta más necesario y urgente ante los riesgos que plantea el cambio climático.
"Las carencias de instrumentos rectores de planeación territorial, aunado a modelos de crecimiento económico centrados en el beneficio privado y regidos por el mercado, por encima del bien común y de visiones humanistas y sustentables impactan en la seguridad y bienestar de las personas", alerta el informe.
"De esta situación resulta que en México, 15 por ciento del territorio nacional, 68.2 por ciento de su población y 71 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) están propensos a sufrir las consecuencias negativas del cambio climático".
Advierte además sobre el rezago en materia de catastros y registros de propiedad.
"La situación actual de las instituciones registrales y catastrales en el País evidencia una problemática estructural que afecta directamente la certeza jurídica y patrimonial de la ciudadanía", señala el diagnóstico. de Sedatu.
"Estos registros públicos, al igual que los catastros, operan con sistemas obsoletos e ineficientes que han dejado de responder a las necesidades tecnológicas y jurídicas del contexto actual".
El deterioro funcional de los sistemas, abunda, ha provocado que los tiempos de respuesta sean excesivamente largos, que se carezca de servicios en línea, y una notable falta de interoperabilidad entre instituciones.
