San Luis Potosí, SLP.- San Luis Potosí enfrenta una situación crítica y, hasta cierto punto, contradictoria, mientras la autoridad municipal insiste en ordenar el comercio en la ciudad, la informalidad avanza sin freno. El propio alcalde ha reconocido que existen al menos 10 mil negocios operando sin estar regularizados, lo que evidencia no sólo la permisividad institucional sino también una falta de estrategia integral para contener un fenómeno que ya rebasó al gobierno capitalino.
Los negocios que no cuentan con licencias o permisos legales no se limitan a los vendedores ambulantes, hoteles, restaurantes y tiendas formales también están en esta situación, lo cual debería prender las alarmas, no solo por evasión de normativas fiscales o administrativas, sino por los riesgos que representa para consumidores y la sana competencia económica.
La informalidad no es nueva, pero su expansión en zonas icónicas como la avenida Reforma, el Mercado República y el Eje Vial Juan Sarabia confirma su enraizamiento. Estos espacios, que deberían priorizar la movilidad y seguridad peatonal, hoy están tomados por puestos que venden desde ropa y fruta hasta cigarros y electrónicos. ¿Cómo puede hablarse de orden cuando ni siquiera se respeta lo más básico, el libre tránsito?
El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Comercio, ha intentado dar respuesta, pero incluso sus propias cifras muestran que la administración camina con lentitud. El director del área, Ángel de la Vega Pineda, reconoció que existe un retraso en la entrega de 3 mil licencias de funcionamiento, es decir, sólo el 30% de los negocios irregulares está haciendo un esfuerzo activo por formalizarse. ¿Y los otros 7 mil? No hay claridad sobre si tienen intención de regularizarse o si simplemente seguirán operando en la sombra, sin pagar derechos ni garantizar condiciones mínimas de seguridad.
El funcionario atribuye el atraso a cambios recientes en el Reglamento de Comercio y la conformación de una nueva Mesa Colegiada, lo cual ha provocado un embudo en la impresión de documentos que lleva ya entre cinco y seis semanas de rezago. El problema no es menor: sin licencias no hay control, y sin control, la ciudad se vuelve territorio de nadie.
El desorden también se refleja en el sector nocturno. De la Vega reconoció que ni siquiera pueden estimar cuántos antros operan actualmente en la capital, pues muchos negocios se “transforman” en antros según el horario o el tipo de venta. Esta falta de clasificación es peligrosa, sin un padrón claro de centros nocturnos, se multiplica el riesgo de tragedias por omisiones en medidas de seguridad, control de aforos o protección civil.
La vida nocturna necesita orden y responsabilidad, no una persecución aleatoria o permisiva. Primero hay que tener control de lo que ya existe antes de permitir nuevos giros comerciales, porque de lo contrario se castiga a quien cumple y se premia al que evade. El Ayuntamiento debe priorizar la regularización y la clasificación formal de estos giros antes de emitir más permisos o, peor aún, dejar que operen bajo ambigüedad legal.
La capital potosina está perdiendo la batalla contra la informalidad comercial. La falta de un padrón confiable, los retrasos en la regularización y la tibieza en la aplicación de la ley han provocado que el caos se normalice. Ordenar el comercio no se logra con discursos o clausuras mediáticas: requiere voluntad política, planeación administrativa y, sobre todo, una visión clara de ciudad. Porque cuando nadie sabe cuántos negocios hay, quién los regula o bajo qué criterios operan, el verdadero problema no es el ambulante.
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