Un tribunal federal rechazó retirarle el brazalete electrónico a Gerardo Villegas Madriles, ex director de Administración de Chihuahua en el Gobierno de César Duarte, en su proceso por los presuntos desvíos de 250 millones de pesos al PRI en el 2016.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación de la Ciudad de México rechazó la solicitud de quitarle el geolocalizador y sólo autorizó cambiarlo del tobillo izquierdo al derecho, porque estimó que persiste el riesgo de que pueda darse a la fuga.
El colegiado confirmó la decisión dictada el 16 de abril de 2024 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
"El juez sí tomó en consideración lo señalado en... el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que consideró que respecto a la medida cautelar seguía existiendo la necesidad de cautela y que cumplía con los parámetros de proporcionalidad e idoneidad, de acuerdo al riesgo", se establece en el fallo.
Villegas Madriles pidió que le retiraran la tobillera electrónica alegando que a inicios de 2024 empezó a tener dolor lumbar y, tras practicarse dos análisis, un especialista concluyó que tenía una neuropatía del nervio peroneo cutáneo superficial izquierdo.
Añadió que sus síntomas se habían agravado por el roce y compresión continuo del brazalete de vigilancia, en área del nervio peroneo izquierdo, motivo por el que el médico recomendó su retiro.
Aunque el procesado manifestó que la medida cautelar era desproporcionada e incluso agresiva o lesiva para su salud, el tribunal desestimó sus argumentos.
El acusado ya presentó un amparo contra esta determinación.
REFORMA dio a conocer en diciembre de 2017 que la Fiscalía de Chihuahua había descubierto que desde las arcas del estado se desviaron 250 millones de pesos al PRI, para el proceso electoral de 2016.
Con base en esa indagatoria, se ordenaron las aprehensiones de Villegas Madriles y Antonio Tarín García, ex directores de Administración y de Adquisiciones y Servicios de Chihuahua, y de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI.
El mecanismo de los desvíos supuestamente fue a través de la contratación simulada de talleres para padres de familia, cursos de motivación y medio ambiente para maestros y un software para trámites escolares.
De acuerdo con el expediente, el dinero fue depositado a Servicios y Asesorías Samex, S. C.; Servicios y Asesorías Sinax; SISASS; y Despacho de Profesionistas Futura, señaladas como empresas "fachada".
Gutiérrez fue detenido en diciembre de 2017 y poco después Tarín y Villegas, quienes fueron encarcelados en el penal estatal de la ciudad de Chihuahua.
Sin embargo, el 16 de febrero de 2018 el juez federal Gerardo Moreno García le quitó este proceso a la justicia estatal, con el argumento de que los recursos desviados eran federales, y el 31 de agosto del mismo año la entonces PGR se desistió de la acusación contra Gutiérrez.
El caso continuó contra Tarín y Villegas, quienes tiempo después consiguieron llevar en libertad provisional este y otros procesos del fuero común, pero el 7 de abril de 2023 Tarín se suicidó en la capital de Chihuahua.
El único sometido a proceso en este asunto es Villegas Madriles, contra quien la Fiscalía General de la República pidió una condena de 18 años de prisión por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, aunque está a la espera de una fecha para el inicio del juicio.
