El País acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias
El Presidente Donald Trump otorgó una extensión de 90 días a México para la aplicación de aranceles, señalando que el País acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias.
¿Qué dijo Trump?
"Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes a las de otros países debido a los problemas y las ventajas de la frontera".
"Hemos acordado extender, por 90 días, exactamente el mismo acuerdo que tuvimos durante el corto periodo anterior: México seguirá pagando un arancel del 25% al fentanilo, un arancel del 25% a los automóviles yun arancel del 50% al acero, el aluminio y el cobre.
"Además, México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias. Hablaremos con México durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial dentro de ese plazo, o incluso más".
¿Qué dice EU sobre las barreras comerciales no arancelarias de México?
El pasado 31 de marzo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicó su Informe de Estimaciones Nacionales de Comercio 2025 en cumplimiento con la Ley de Comercio de 1974.
El despacho Holland & Knight destacó que el informe detalla las principales barreras comerciales que enfrentan las exportaciones estadounidenses en mercados extranjeros, así como las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos para reducirlas.
Para el caso de México dijo que el reporte identifica diversos desafíos que persisten a pesar del marco normativo establecido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El informe a detalle
A continuación un resumen de Holland&Knight sobre las principales observaciones relacionadas con el entornocomercial y regulatorio en México.
En su Informe de Estimaciones Nacionales de Comercio 2025, el gobierno de Estados Unidos señala que, pese al marco del T-MEC, México mantiene diversas barreras que afectan a exportadores e inversionistas estadounidenses.
Destaca una política energética regresiva que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante reformas legales y constitucionales que restringen la participación privada, así como obstáculos regulatorios en sectores claves como agricultura, salud, servicios financieros, telecomunicaciones y propiedad intelectual.
También se denuncian prácticas aduaneras opacas, demoras en registros sanitarios, restricciones a productos biotecnológicos, medidas incompatibles con estándares internacionales y un entorno cada vez menos favorable a la competencia. Estados Unidos advierte que muchas de estas acciones contradicen los compromisos asumidos por México en el T-MEC y afirma que continuará utilizando los mecanismos del tratado para asegurar su cumplimiento.
Los sobrecostos que está generando la refinería Dos Bocas está causando preocupación en la junta de Pemex.
Acuerdos comerciales
Si SCJN avala Ley Eléctrica, empresas extranjeras podrían acogerse a arbitrajes internacionales para defender inversiones, afirman expertos.
El T-MEC sigue siendo el principal instrumento que regula la relación comercial trilateral, manteniendo el acceso libre de aranceles y contemplando disposiciones robustas en materia laboral, ambiental, y apoyo a pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el informe subraya que su implementación por parte de México aún enfrenta retos relevantes.
Políticas de importación y barreras no arancelarias
Se indica que México presenta cambios regulatorios sin notificación previa adecuada, y con tiempo reducido para comentarios (hasta siete días) y aplicación inconsistente de normas aduaneras y de etiquetado a la importación.
Algunas mercancías aún no pueden ingresar por todos los puertos del país, lo cual limita la eficiencia logística, especialmente para exportadores estadounidenses en comercio electrónico.
Se señala que México no ha implementado el mecanismo de pago periódico para envíos exprés requerido por el T-MEC.
Se manifiesta que el nuevo requisito de señalar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del importador en pedimento tramitado al amparo del procedimiento simplificado para las empresas de paqueterías y mensajerías en los envíos menores a 2,500 dólares es considerado una barrera comercial.
Acceso al mercado
Dispositivos médicos y productos farmacéuticos:
Se reportan demoras significativas (18-24 meses) en la obtención de registros sanitarios ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), incluso para productos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
Glifosato: México ha rechazado permisos de importación sin base científica ni notificación a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Aunque se anunció una eliminación progresiva del uso de glifosato, dicha medida fue postergada hasta encontrar una alternativa viable.
Plaguicidas y químicos agrícolas: Las demoras y falta de renovación de registros siguen afectando a empresas estadounidenses.
Barreras técnicas y sanitarias
El reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad fue sometido a consulta pública con apenas 10 días hábiles para comentarios, lo que generó preocupación en EU sobre la transparencia del proceso.
Las disposiciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para pruebas locales de absorción específica (SAR) se consideran desactualizadas y duplicativas, generando retrasos.
EU vigila la implementación de medidas sanitarias acordadas en 2021 que permitieron la expansión del acceso de papa fresca a todo el territorio mexicano.
En biotecnología agrícola, el gobierno mexicano impuso restricciones al maíz genéticamente modificado, lo que motivó un panel de solución de controversias bajo el T-MEC. En 2024, el panel falló a favor de EU, y México derogó las medidas en febrero de 2025.
A pesar de su uso histórico sin impactos adversos, México ha retrasado la aprobación de nuevas variedades de algodón genéticamente modificado.
México ha rechazado permisos de importación de glifosato.
Protección de la propiedad intelectual
México fue incluido en la "WatchList" del informe Especial 301 de 2024, debido a la alta disponibilidad de productos falsificados, piratería digital y débil aplicación de la ley.
Persisten obstáculos para el registro de marcas y la protección efectiva de patentes.
EU también expresó preocupación por el acuerdo entre México y la Unión Europea en materia de indicaciones geográficas, que podría restringir el acceso de productos estadounidenses.
Aunque México reformó sus leyes de propiedad industrial y derechos de autor en 2020, aún no emite los reglamentos correspondientes, generando incertidumbre jurídica.
Barreras en servicios
En servicios de pago electrónico, EU advierte restricciones para que proveedores estadounidenses ofrezcan servicios de valor agregado y usen plataformas en la nube.
En seguros, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reinterpretó la ley y exige el pago retroactivo del Impuesto del Valor Agregado (IVA) en siniestros desde 2015, lo que podría afectar la solvencia de aseguradoras extranjeras.
En telecomunicaciones, la desaparición del IFT como organismo autónomo y los altos costos de espectro - entre los más elevados de América Latina- preocupan por su efecto anticompetitivo.
En seguros, el SAT exige el pago retroactivo del IVA en siniestros desde 2015.
Barreras a la inversión
El reporte señala una política energética centrada en fortalecer a CFE y PEMEX, en detrimento de la inversión privada y de los compromisos asumidos en el T-MEC.
Incluye retrasos, cancelaciones y negativa de permisos a proyectos privados, así como una reforma constitucional de enero 2025 que garantiza a CFE el control de al menos el 54 por ciento del mercado eléctrico.
En paralelo, establece que avanza una enmienda para restringir la fractura hidráulica (fracking) salvo en casos de interés estratégico.
En el sector minero, la reforma de 2022 otorgó el control exclusivo del litio al Estado y eliminó la posibilidad de participación privada en su exploración y aprovechamiento.
Recrimina la reforma constitucional para prohibir la minería a cielo abierto, aún pendiente de votación.
Asegura que el marco legal mantiene restricciones a la inversión extranjera en sectores clave como infraestructura de transporte, mensajería exprés, terrenos agrícolas y administración portuaria.
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