San Luis Potosí, SLP.- Colectivos de todo el país advierten que el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda debe ser transparente, legal y con la participación activa de víctimas.
La salida de Teresa Guadalupe Reyes al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no ha significado un triunfo para las familias de personas desaparecidas, pero sí un momento clave para exigir un cambio real en la conducción de este organismo, sostienen colectivos de San Luis Potosí y de distintas entidades del país.
Desde la Secretaría de Gobernación se anunció que la próxima semana se darán a conocer las bases para llevar a cabo una consulta pública, como lo establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Sin embargo, los colectivos advierten que no aceptarán un proceso cerrado, opaco o simulado. “Queremos una consulta real, no de papel”, sentenció Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP.
De acuerdo con la legislación vigente, el procedimiento debe garantizar la participación directa de familiares de víctimas, organizaciones especializadas y sociedad civil, con el objetivo de seleccionar a una persona con las credenciales adecuadas para atender una crisis humanitaria que sigue creciendo.
Pérez Rodríguez fue enfática al señalar que la renuncia de Reyes no representa un logro, sino la consecuencia lógica de una gestión deficiente, “No es momento de celebrar. Es momento de cuidar que lo que sigue no sea otra imposición disfrazada de diálogo”, advirtió.
La funcionaria saliente fue cuestionada a lo largo de su gestión por su trato distante hacia los familiares, su falta de compromiso y la ausencia de resultados tangibles. “Nunca tuvo el perfil ni la voluntad. La Comisión no puede seguir siendo un trámite burocrático, debe ser un organismo activo, sensible y con rumbo”, agregó la activista potosina.
Desde hace meses, en distintas mesas nacionales, los colectivos habían exigido públicamente la remoción de Reyes, subrayando que su permanencia obstaculizaba los procesos de búsqueda. Ahora, con su salida, las familias temen que el relevo sea solo un cambio de nombre sin modificar las prácticas de exclusión.
Organizaciones como Enlaces Nacionales y la Red Internacional de Colectivos, con las que se mantiene coordinación desde San Luis Potosí, ya se preparan para exigir que el proceso cumpla con todos los principios legales y de buena fe. “Estamos listos para participar, pero también para denunciar si vuelven a cerrarnos las puertas. Este nombramiento puede ser un punto de inflexión o una nueva traición”, advirtió Pérez Rodríguez.
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