San Luis Potosí, SLP.- San Luis Potosí enfrenta en 2025 una creciente presión ambiental derivada de prácticas irregulares por parte de empresas que operan en distintos sectores, desde la minería hasta la construcción. Dos de las problemáticas más alarmantes, la tala no autorizada de árboles y el uso ilegal de dinamita, se han vuelto síntomas de una relación cada vez más tensa entre el desarrollo industrial y la sustentabilidad ambiental.
La reciente tala de un árbol patrimonio municipal en la avenida Hernán Cortés, atribuida a Grupo México, encendió las alertas sobre la falta de vigilancia y la debilidad de los mecanismos de protección ambiental en la capital potosina. Christian Iván Azuara Azuara, director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, reconoció que aunque la empresa minera pagó la multa correspondiente y aceptó la reposición de más de 180 árboles —entre mezquites y huizaches—, el daño ya estaba hecho.
“El árbol fue talado con machete, lo que muestra una intervención improvisada y riesgosa. Vamos a sellar el tronco y traeremos a un experto forestal para evaluar los riesgos”, explicó el funcionario.
La sustitución de árboles puede parecer una solución, pero no compensa el valor ecológico, simbólico y urbano de un árbol de gran tamaño y edad. Además, se abre una discusión más profunda, ¿por qué las empresas deciden primero actuar y luego pedir permiso? ¿Qué garantías existen para que no vuelva a ocurrir?
El uso no autorizado de explosivos en procesos industriales representa otra amenaza latente. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, durante 2025 se han clausurado al menos 27 empresas por operar sin los permisos necesarios, principalmente por el uso ilegal de dinamita. El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, advirtió que la situación no solo viola la normativa, sino que pone en riesgo la vida de trabajadores y comunidades cercanas.
“Estamos hablando de explosivos manipulados sin autorización de la SEDENA. No podemos permitir que la negligencia ponga en peligro a la sociedad”, subrayó Ordaz.
Las empresas sancionadas van desde mineras hasta establecimientos comerciales ubicados en la Zona Industrial. Aunque algunas han subsanado sus irregularidades, la falta inicial de controles revela una peligrosa cultura de impunidad y desprecio por la seguridad.
Ambos casos —la tala sin autorización y el uso clandestino de dinamita— exponen una problemática estructural, la incapacidad de algunas empresas para armonizar sus operaciones con el respeto al medio ambiente y la seguridad social. A pesar de las sanciones, los mecanismos de prevención siguen siendo reactivos más que preventivos.
La capital potosina enfrenta el reto de consolidar un modelo de desarrollo económico que no sacrifique su patrimonio natural ni la seguridad de sus habitantes.
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