El Consejo Regulador del Tequila (CRT) calificó como inconstitucional la iniciativa presentada por diputados de Morena en Jalisco que busca solicitar al Congreso de la Unión la creación de una Ley de Desarrollo Sustentable del Agave, la cual impondría nuevas atribuciones y obligaciones a este organismo, a pesar de que se trata de una asociación civil.
La propuesta, impulsada por el diputado local Martín Franco Cuevas, plantea que el CRT participe en censos de productores, generación de pronósticos de venta, auditorías, conteos cíclicos, control de inventarios, y coordinación con las autoridades para trámites industriales.
Además, se propone la creación de un Comité para el Desarrollo Sustentable del Agave con atribuciones normativas y de control sobre la producción, comercialización y distribución del agave, así como la designación de contralorías y comisarios desde el Gobierno federal.
Ante esto, el director general del CRT, Ramón González Figueroa, advirtió que la propuesta vulnera principios constitucionales, principalmente los relacionados con la libertad de asociación, la propiedad privada y la actividad empresarial.
"Nosotros hicimos un análisis y tiene muchas cosas anticonstitucionales, ¿no? Es como que ya me gustó tu casa, ¿no? Y este se me hace que voy a hacer una ley para que te la voy a quitar", declaró.
González Figueroa subrayó que el CRT reconoce la necesidad de ordenar el mercado del agave, en especial frente a una inminente sobreoferta, pero advirtió que la imposición normativa de este tipo no resolverá el problema. En su opinión, deben buscarse soluciones técnicas y económicas que no impliquen invadir la esfera del sector privado ni desplazar la normatividad ya existente, como la Norma Oficial Mexicana (NOM) que regula la producción de tequila.
La iniciativa, dijo, parte de una preocupación legítima, pero el enfoque es equivocado y puede tener consecuencias negativas para una industria que ha demostrado ser exitosa a nivel internacional.
"Es preocupante. Nosotros también estamos preocupados, pero no vamos a destruir algo que hemos construido en 31 años, que ha llevado al tequila de 80 millones a 600 millones y que da fuente de empleo a 100,000 familias", afirmó.
En lugar de crear una nueva ley, el CRT plantea como alternativa trabajar con los diputados y el Gobierno federal en mecanismos de ordenamiento ya contemplados dentro del marco regulatorio actual, incluyendo definiciones más claras de conceptos como "suministro" y "registro". También ha propuesto estímulos fiscales dirigidos a los agricultores tradicionales para enfrentar el impacto del crecimiento acelerado de nuevos productores, muchos de ellos sin experiencia previa en el sector agrícola.
El CRT también propone ajustar esquemas de financiamiento y almacenamiento, y pide que FIRA-institución dedicada a dar creditos a la agroindustria-, reduzca el margen de intermediación en los créditos para que los industriales puedan absorber mayor cantidad de agave sin comprometer garantías patrimoniales.
Según el legislador Martín Franco, el objetivo de la iniciativa es "ordenar el trabajo en campo", evitar oscilaciones extremas en la oferta de agave y crear un nuevo órgano público que defienda a los productores, en vez de depender del Consejo Regulador, al que acusó de no representar sus intereses. Sin embargo, el CRT insiste en que imponer una estructura paralela de control violaría sus facultades como organismo certificado de verificación y afectaría la autonomía de la cadena productiva.
El debate sobre el futuro del agave y la industria tequilera continúa abierto, pero el Consejo advierte que cualquier reforma debe pasar primero por un análisis jurídico profundo y respetar las estructuras institucionales construidas durante más de tres décadas.
