La Presidenta Claudia Sheinbaum ordenará en breve que la paraestatal militar Tren Maya S.A. asuma por completo los pendientes del proyecto ferroviario, algunos de los cuales todavía son responsabilidad de Fonatur Tren Maya.
Esos pendientes incluyen pagos a contratistas, finiquitos, cobros, ajustes de costos, convenios modificatorios de contratos, amparos, procedimientos administrativos y otros juicios, salvo los laborales, que deberá llevar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), además de observaciones y requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
"Tren Maya S.A. efectuará las acciones procedentes para recuperar los importes irresolubles que, en su caso, determine la ASF, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) u otra autoridad competente, relativas al Proyecto Tren Maya con motivo de la fiscalización a las Cuentas Públicas 2019 a 2024 y subsecuentes", se lee en el proyecto de acuerdo publicado ayer martes.
Sheinbaum también ordenará a todas las dependencias que llevan trámites relacionados con el tren terminar la integración de los expedientes a más tardar el 31 de diciembre, cuando el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador había pedido el 30 de septiembre, último día de su sexenio, terminarlos a más tardar en tres meses.
El pasado 28 de febrero, Fonatur concretó la entrega oficial de los activos del proyecto a Tren Maya S.A., a Gafsacomm, que es la paraestatal militar que administra hoteles y otros sitios turísticos, así como al Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El valor total de los bienes transferidos ascendió a 470 mil 428 millones de pesos, según indica el dictamen del auditor externo de Fonatur Tren Maya, y ese monto incluye 396 mil 843 millones de pesos en el concepto "construcciones".
El acuerdo de Sheinbaum, sin embargo, aclara que la empresa militar tendrá que ceder a Fonatur los inmuebles que éste adquirió y que no estén directamente relacionados con la implementación del tren.
El proceso de traslado de Fonatur Tren Maya hacia Tren Maya S.A. se ha prolongado desde el 31 de agosto de 2023, cuando López Obrador dictó la primera orden, con la idea de terminar el 31 de diciembre de ese año.
Pero esa orden tuvo que ser modificada dos veces, primero para atrasar la entrega al 12 de septiembre de 2024, y en el último día del sexenio, para dar seis meses adicionales, ya que había múltiples trámites pendientes.
Esos pendientes incluían la aprobación del proyecto ejecutivo por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; solicitudes a la Comisión Nacional del Agua para aguas nacionales y de zonas federales, así como permisos de obra y de descarga de aguas residuales.
Otros trámites pendientes eran expropiaciones de tierras, de las que se han decretado más de 200, varias en el actual sexenio; cambios de uso de suelo; permisos en materia arqueología; permisos de construcción federal, estatal y municipal; licencias, marcas y patentes sobre seguridad de tecnologías de la información y permisos ambientales.
