San Luis Potosí, SLP.- La rehabilitación de una antigua casona ubicada sobre la avenida Venustiano Carranza ha generado controversia, luego de que el gobierno municipal destinara recursos públicos para intervenir una propiedad que, además de ser de carácter privado, se encuentra actualmente en litigio por la disputa de su legítima posesión.
La decisión del Ayuntamiento ha sido duramente cuestionada por actores civiles, entre ellos el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, quien calificó como éticamente cuestionable que el gobierno intervenga una propiedad que legalmente no le pertenece.
“Tal vez lo que le correspondería al gobierno municipal, sobre todo por la seguridad de los transeúntes, es lo que ha hecho en otros barrios: colocar señalética por riesgo de derrumbe y realizar rondines policiacos”, expresó Cruz Perales.
El portavoz también señaló que la responsabilidad del municipio debe limitarse a asegurar el perímetro, más no a rehabilitar una propiedad en disputa legal.
“Le corresponde al municipio poner una malla alrededor de la casa para evitar que entren personas a vandalizar o drogarse, pero más allá no puede ir el municipio”, afirmó.
Durante años, la casona fue un punto de alta conflictividad. Residentes de la zona denunciaron que el inmueble funcionaba como refugio de personas en situación de calle, centro de consumo de drogas e incluso guarida de ladrones, quienes escondían ahí objetos robados. Además, fue escenario de múltiples incendios provocados por el uso de fuego en un espacio con pisos de madera altamente inflamables.
El DIF municipal reportó que, al momento de la intervención, vivían en el interior al menos siete personas en situación de calle, algunas originarias de otros estados como Nuevo León, Guanajuato, León y Aguascalientes.
El alcalde ha defendido la intervención argumentando que uno de los presuntos propietarios entregó una autorización por escrito para permitir los trabajos de rehabilitación. “El dueño nos dio permiso por escrito para poder intervenir, ya está muy deteriorada”, declaró el edil.
Sin embargo, el hecho de que la propiedad esté en disputa legal y que los fondos utilizados sean de origen público levanta cuestionamientos jurídicos y éticos, particularmente porque no hay certeza jurídica sobre la titularidad del inmueble.
Se ha planteado que, tras la intervención, el municipio entable un diálogo con el propietario legítimo —una vez que el litigio concluya— para convertir la casona en un museo de la ciudad o en oficinas públicas, con el objetivo de evitar que vuelva a deteriorarse.
Más allá de los posibles beneficios de recuperar un espacio abandonado, el caso de la casona de Carranza deja al descubierto un vacío en la regulación y un debate profundo sobre el límite de las facultades del gobierno municipal para intervenir en propiedades privadas, incluso cuando éstas representan un riesgo para la ciudadanía.
La intervención municipal, aunque aparentemente bien intencionada, podría sentar un precedente peligroso si no se aclaran los términos legales ni se transparenta el uso de los recursos públicos involucrados.
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