El sistema penitenciario mexicano opera con un 11 por ciento de sobrepoblación y más de un tercio de sus internos siguen esperando una sentencia, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, las cárceles en este país albergan a 23 mil 855 personas más de su capacidad y 36.3 por ciento de los reos se encuentran sin sentencia, una cifra que refleja la lentitud y los desafíos del sistema de justicia penal.
En detalle, la población carcelaria ha experimentado un aumento significativo en los últimos siete años, al pasar de 197 mil 988 internos en 2018 a 248 mil 361 en junio de 2025.
Esta expansión de la población reclusa excede con creces la infraestructura existente. La capacidad total de las prisiones federales y estatales asciende a 224 mil 506 personas privadas de la libertad, lo que se traduce en una sobrepoblación del 11 por ciento a nivel nacional.
El INEGI refirió que, al cierre de 2024, el promedio era de 102.9 internos por cada 100 espacios disponibles. En total, 134 centros penitenciarios en el país están sobrepoblados, siendo las cárceles estatales las más afectadas, con una tasa de ocupación del 107 por ciento.
Un factor clave en esta sobrepoblación es el aumento de la prisión preventiva oficiosa. Este mecanismo, establecido en el artículo 19 constitucional, obliga a mantener en prisión a personas acusadas de delitos considerados graves -como homicidio, secuestro, extorsión y delincuencia organizada- sin la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad, ni siquiera bajo fianza.
Mientras que a finales de 2018 había 60 mil 653 personas procesadas sin sentencia (equivalente al 30 por ciento de la población carcelaria), para junio de 2025, esta cifra se disparó a 84 mil 740 internos, representando el 34 por ciento del total.
Esto significa que miles de personas están en prisión sin que se haya determinado legalmente su culpabilidad, lo que consume espacios y recursos en un sistema ya saturado.
Cuestionamientos y pausa en la discusión judicial
La prisión preventiva oficiosa ha sido criticada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), debido a que viola el principio fundamental de presunción de inocencia.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aplazado indefinidamente la discusión sobre su posible declaratoria de inconstitucionalidad, lo que ha dejado en un limbo jurídico a miles de personas.
El INEGI reveló que el tiempo promedio que una persona pasa en prisión preventiva en México es de más de 17 meses, pero en algunas entidades del País, esta espera puede prolongarse por más de dos años sin que se dicte una sentencia.
Ante este panorama, la Federación considera dos proyectos para aliviar la presión en los penales: el Complejo Penitenciario Federal de Papantla, Veracruz, conocido como el "superpenal", proyectado desde 2008 con capacidad para más de 2 mil personas; y el Centro de Rehabilitación Social de Durango, cedido por el gobierno estatal en 2024, con capacidad para mil 900 internos. Ambos se perfilan como alternativas para trasladar a la población federal.
Si bien la construcción o habilitación de nuevos centros puede ofrecer un alivio logístico temporal, expertos coinciden en que la solución de fondo requiere una estrategia integral. Esta debe contemplar una reforma profunda al sistema de justicia penal y una revisión exhaustiva de los criterios bajo los cuales se aplica la prisión preventiva, en busca de un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos.
Solo así, coinciden, se podrá abordar de manera efectiva la crisis de sobrepoblación y el rezago judicial en las cárceles mexicanas.
