San Luis Potosí, SLP.- En San Luis Potosí, uno de los principales problemas que enfrentan muchas personas adultas mayores es la falta de documentos oficiales que acrediten su identidad, como actas de nacimiento o CURP. Esta situación afecta especialmente a quienes viven en comunidades rurales o se dedican al campo, pues muchas de estas personas nunca asistieron a la escuela ni necesitaron registrarse legalmente, lo que las dejó invisibilizadas ante el Estado.
“Personas que no tienen un registro, sobre todo las que viven en comunidades, porque nunca estudiaron y nunca necesitaron una acta de nacimiento, y así vivieron toda su vida”, explicó Deysi Maribel López Sierra, directora del Registro Civil del Estado.
Durante el año 2024, el Registro Civil logró dar identidad legal a 3,600 personas en todo el estado, la mayoría adultos mayores de entre 70 y 80 años. Para continuar con esta labor, en agosto se lanzará un nuevo programa de registro con prioridad a personas mayores y familias que viven en la periferia de la capital y otras zonas marginadas.
Este problema de falta de identidad se suma a una realidad compleja y dolorosa, en San Luis Potosí, cerca de la mitad de las personas mayores de 65 años viven en condiciones de pobreza. Además, muchas personas adultas mayores enfrentan abandono, maltrato físico y psicológico, así como la falta de acceso a servicios de salud y protección social.
Las dificultades para caminar, ver o escuchar complican aún más sus vidas cotidianas, y sin redes de apoyo familiar o comunitario, muchas veces terminan en condiciones de aislamiento total.
Este contexto de vulnerabilidad ha sido dolorosamente evidenciado en el caso del asilo Santa Sofía, denunciado hace más de dos meses por maltratos y por operar sin registro ni supervisión sanitaria. A pesar de la gravedad de la denuncia, hasta la fecha no se ha detenido a ninguna persona ni se ha dado seguimiento judicial efectivo.
“No, todavía no hay detenidos. Esto es porque las personas afectadas son mayores de edad. No tenemos las condiciones para entrevistarlas adecuadamente; solo una ha podido rendir su testimonio”, declaró la fiscal general del estado, Manuela García Cazares.
Entre 2016 y 2022, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) realizó 476 inspecciones, pero no se reportaron sanciones ni medidas de seguridad en registros públicos, lo cual refleja una preocupante omisión institucional. Actualmente, en San Luis Potosí solo existen 14 asilos oficialmente registrados ante el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), frente a más de 1,200 en todo el país, lo que pone en evidencia la falta de espacios seguros y regulados para esta población.
La situación de las personas adultas mayores en San Luis Potosí es una herida abierta que refleja no solo el olvido, sino la deuda histórica del Estado y la sociedad con quienes construyeron el presente. Vivir sin un acta de nacimiento no es solo un problema administrativo, es la negación del derecho más elemental, el derecho a existir legalmente.
Cuando una persona mayor muere sin haber sido reconocida oficialmente, no solo se apaga una vida, se extingue también su historia, sus aportes y su dignidad. Y cuando, además, estas personas sufren maltrato o abandono —como ocurrió en el asilo Santa Sofía— y las autoridades no pueden siquiera entrevistarlas por su avanzada edad, se confirma lo que muchos temen, envejecer en la pobreza, en el anonimato y sin justicia es una de las formas más crudas de la exclusión social.
Este momento debe ser un punto de inflexión. Dar identidad legal a los adultos mayores no es solo un acto de trámite, es un acto de justicia. Y protegerlos en los asilos no es un favor, es una obligación que no puede seguir postergándose.
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