Agua, baches y ambulantaje: problemas normalizados en SLP

San Luis Potosí, SLP.- En San Luis Potosí capital, los problemas no son una sorpresa, son una rutina. El agua no llega, los baches no desaparecen, el comercio informal crece sin freno y la regulación gubernamental parece tan frágil como una tubería del Interapas. Lo grave no es solo que todo esto ocurra, sino que se ha normalizado. La ciudadanía, resignada, ha aprendido a convivir con las fugas, las pipas, las calles destrozadas y los trámites que nadie hace pero todos esquivan.

El más reciente informe de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) confirma lo que todos ya sabíamos, el acceso al agua potable encabeza la lista de problemas en la ciudad. El 84.8 por ciento de la población de 18 años o más reporta sufrir por la falta del servicio. Esto no es una estadística más, es un dato que retrata una realidad indigna. Y mientras tanto, el organismo operador Interapas solo atendió el 43.7 por ciento de las fugas reportadas en el primer trimestre del año. La mitad del agua que se va, se va por el drenaje, y con ella la credibilidad de las instituciones.

En una ciudad donde tener agua en casa depende de cuánto puedes pagar por una pipa particular o de si la Comisión Estatal de Derechos Humanos dicta medidas precautorias, hablar de acceso universal al agua es un mal chiste. La emergencia se vive especialmente en el norte de la capital, donde familias deben improvisar mecanismos para recibir lo que debería ser un derecho garantizado.

Pero la lista de fallas no termina ahí. Las calles potosinas se parecen cada vez más a una pista de obstáculos. El 83.2 por ciento de los ciudadanos reportan que los baches afectan su vida diaria. Las coladeras tapadas y la delincuencia completan el trío de preocupaciones más frecuentes. El problema no es la acumulación de quejas, es la acumulación de inacción.

Mientras tanto, en el corazón de la ciudad, el comercio informal se ha convertido en parte del paisaje. El Instituto Municipal de Planeación (Implan) afirma que existen alrededor de 1,500 puestos ambulantes en el Centro Histórico, el 43% por ciento dedicados a alimentos. La informalidad ya no es un fenómeno aislado, sino un sistema paralelo de sobrevivencia económica que avanza a falta de regulación real. Sus efectos —desorden urbano, saturación, inseguridad y residuos sólidos— no son solo molestias, son síntomas de un centro histórico que se deteriora en cámara lenta.

Y si hablamos de informalidad, el dato que arrojó el propio alcalde Enrique Galindo es alarmante, más de 10 mil establecimientos operan fuera de regulación en la capital. Es decir, uno de cada tres negocios en San Luis Potosí está fuera del marco legal. La campaña de regularización anunciada por el municipio suena bien en el discurso, pero ¿por qué se dejó llegar a ese punto? ¿Qué tanto se va a combatir la irregularidad cuando forma parte del ecosistema económico de la ciudad?

La situación de las vialidades tampoco es alentadora. Galindo reconoce que hay 300 calles sin pavimentar. Solo se intervendrán 35, “al ritmo que el presupuesto lo permita”. Es decir, otra vez, las prioridades dependerán del bolsillo y no de la urgencia. En zonas como Morales-Saucito, incluso las intervenciones quedan supeditadas a negociaciones con empresas privadas por derechos de vía.

San Luis Potosí se enfrenta, en realidad, a una crisis de gestión pública. Las cifras existen, los diagnósticos también. Lo que escasea es voluntad política, visión de largo plazo y capacidad de ejecución. No basta con detectar los problemas ni con prometer soluciones a cuentagotas.

Hoy, el agua es metáfora y evidencia, se escapa, se desperdicia, se compra, se ruega por ella. Como la atención gubernamental, como el sentido de comunidad, como la esperanza. San Luis Potosí necesita algo más que campañas, comunicados o recuentos trimestrales. Necesita acciones que no solo maquillen la crisis, sino que comiencen a resolverla desde la raíz.