Activistas culpan de esto al desmantelamiento institucional de la Profepa.
San Luis Potosí, SLP.- En solo seis meses, San Luis Potosí registró un aumento del 19 por ciento en carpetas de investigación por delitos ambientales; activistas culpan al desmantelamiento institucional de la Profepa.
San Luis Potosí enfrenta un preocupante repunte en los delitos contra el medio ambiente. En el primer semestre de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 105 carpetas de investigación por este tipo de ilícitos, 17 más que en el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 88, lo que representa un incremento del 19 por ciento.
La tendencia al alza preocupa especialmente a colectivos ambientalistas, quienes advierten que la mayoría de estos crímenes se concentran en zonas naturales protegidas, como la sierra de San Miguelito. La situación en esta región se ha agravado, señalan, por el limbo legal provocado por los amparos interpuestos contra su decreto como Área Natural Protegida, lo que la ha dejado sin vigilancia ni protección efectiva.
De fondo, el común denominador es la debilidad institucional. Activistas denuncian que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) carece del personal y presupuesto necesarios para hacer cumplir la ley. Actualmente, apenas seis inspectores están asignados para cubrir San Luis Potosí, lo que virtualmente garantiza la impunidad de quienes dañan el entorno natural.
Este vacío de autoridad también se refleja en lo urbano. Esta semana, la empresa ferroviaria Grupo México fue señalada por la tala ilegal de un árbol catalogado como patrimonial en la avenida Hernán Cortés, en la capital potosina. El ejemplar formaba parte de los 100 árboles recientemente declarados como “Árboles Patrimoniales” por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, por su valor histórico, ecológico y social.
Christian Azuara, director de Servicios Municipales, confirmó que la empresa realizó la tala sin autorización ni el equipo adecuado, supuestamente para despejar el paso de un vagón sobre las vías. Aunque ya se sostuvo una reunión con representantes legales de la empresa, aún no hay sanción formal. La multa por este acto podría ser de apenas 3 mil 500 pesos, además de una posible orden de restitución del daño.
Frente a estos hechos, Azuara anunció que presentará por cuarta ocasión una iniciativa ante el Congreso del Estado para endurecer las sanciones por tala y poda no autorizada, una propuesta que ha sido desechada sistemáticamente por legislaturas anteriores.
La combinación de delitos impunes en zonas naturales y urbanas, la respuesta débil de las autoridades y la falta de presupuesto para vigilancia ambiental, ha derivado en una situación crítica. Mientras la Profepa opera con recursos mínimos, los crímenes contra la naturaleza se multiplican, y con ellos, el riesgo de que los espacios verdes de San Luis Potosí terminen siendo historia.
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