Gonzalo "N", Yareli "N", Jorge "N", Antonio "N", Alicia "N" y José Fernando "N", detenidos dentro de la "Operación Liberación" fueron vinculados a proceso por los delitos de extorsión agravada y secuestro exprés con fines de extorsión.
En audiencias celebradas durante el 26 de julio, un juez ratificó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que los seis imputados permanecerán privados de su libertad durante el desarrollo del proceso penal.
Gonzalo "N" está identificado como líder del Sindicato "Bradosva" y, de acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía del Estado de México, era el único autorizado para suministrar y distribuir materiales de construcción como arena, grava y varilla en la región de Valle de Bravo, por lo que fue vinculado a proceso por extorsión agravada.
Yareli "N", quien fungía como tercera regidora del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, también fue vinculada a proceso por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.
La mujer habría participado en la privación de la libertad de un comerciante del municipio de Ixtapan de la Sal.
También se inició proceso legal contra Antonio "N", presunto integrante de la Familia Michoacana, al parecer encargado de la distribución y venta de carne en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán.
Antonio habría amenazado, junto otros hombres, a una persona en caso de que se negara a comprar carne de res y de cerdo con él, o que adquiriera dichos productos con algún otro proveedor.
En tanto, Alicia "N" y José Fernando "N", quienes al parecer laboraban para la Familia Michoacana, son indagados por extorsión agravada el pasado 4 de junio en Ixtapan de la Sal, donde interceptaron a una persona a quien habrían amenazado y exigido que comprara madera exclusivamente con ellos, con un sobreprecio de 12 por ciento.
Las seis personas fueron detenidas el pasado 21 de julio, en el marco de la "Operación Liberación", que investiga la coacción que ejercen grupos criminales o individuos a través de unidades económicas al fijar cuotas o precios abusivos y obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios, en lugares preestablecidos bajo un esquema extorsivo.
Los detenidos permanecen en centros penitenciarios mexiquenses, a disposición de la autoridad judicial, que otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el 23 de septiembre.
En caso de acreditarse su responsabilidad penal, podrían enfrentar penas de hasta 80 años de prisión o incluso prisión vitalicia por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, y hasta 70 años de cárcel o pena vitalicia por extorsión.
