Existen elementos para iniciar un procedimiento administrativo de sanción en contra de Jacqueline Betancourt Silva
Por presuntos abusos de autoridad contra personal a su cargo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó que existen elementos para iniciar un procedimiento administrativo de sanción en contra de Jacqueline Betancourt Silva, Jueza de distrito que ganó el derecho a permanecer en el cargo durante la pasada elección judicial.
Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) de la Judicatura, emitió el informe de presunta responsabilidad administrativa contra la juzgadora, así como contra 13 de sus subordinados.
Al mismo tiempo, turnó a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF el expediente contra Betancourt Silva y los demás presuntos implicados, para que inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa.
"Constan elementos suficientes para establecer, con un elevado grado de certeza, la existencia de falta administrativa y del nexo de atribuibilidad respecto de la jueza Jacqueline Betancourt Silva, en su actuación como titular del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región.
"Por lo que, con fundamento en el artículo 128 del Acuerdo General del Pleno del CJF, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, se emite Informe de presunta responsabilidad administrativa", dice el resolutivo suscrito por el titular de la UGIRA, el pasado 26 de junio.
El año pasado, la Jueza Betancourt Silva manifestó públicamente que la reforma judicial terminaría con el Estado de derecho y que era una forma de totalitarismo que tomaría el País; sin embargo, este año se inscribió en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo para contender por un cargo como Jueza mixta en la elección judicial del 1 de junio.
Betancourt Silva compitió en el distrito 1 del circuito judicial 2, en el Estado de México, donde se disputaron 3 cargos de Juez de distrito mixto y logró ser electa, siendo la segunda más votada.
De acuerdo con el dictamen de la UGIRA, existen indicios para iniciarle a Betancourt un procedimiento por conductas como privar de la libertad a un secretario, expulsar de su oficina a subordinados con el uso de la fuera pública, acoso laboral y amenazar al personal con cesarlo o iniciarle procedimientos y denuncias.
También por amagar con tomar represalias contra quienes presentaron quejas en su contra ante el CJF, revisarle a su personal los teléfonos celulares, intervenir en el desahogo de diligencias sin cumplir con las normas y obstruir la visita extraordinaria enviada a su juzgado para indagar las quejas en su contra.
El expediente concluye que también hay elementos para iniciarles un procedimiento administrativo de sanción a los secretarios Alejandra Sapién Cottrill, Dulce Patricia Martínez Bonilla, Juan José Techachal Guerrero, Rocío Citlaly López Villalobos y Areli Joset Sánchez Solorio.
Así como también a los funcionarios del mismo cargo Sonia Serrano Vértiz, Luis Alberto Palma Osorio, Jesús González Flores, Raúl Ortiz Ramírez, Armando Said Peralta Suárez, Manuel Alejandro Saucedo Verdoza y Laura Patricia Jaramillo Jiménez y el actuario José Torres Ibarra.
Retención arbitraria
El caso relacionado con la privación de la libertad de un funcionario habría ocurrido el 25 de mayo de 2023, según la denuncia, cuando la Jueza llamó a su privado al secretario Julio Esteban López Ruiz, con quien ya tenía algunos roces, y con el apoyo de sus cinco guardaespaldas, la juzgadora le impidió salir de su despacho.
"Le pidió la renuncia o que solicitara una licencia, además de ordenar a José Torres Ibarra que lo inspeccionara corporalmente para encontrarle el teléfono con el que grababa los hechos ocurridos.
Transcurridos aproximadamente unos 50 minutos más tarde, fue conminado y escoltado por dicho personal de seguridad a la salida del juzgado", de acuerdo con la denuncia presentada.
Como se resistió a renunciar, a partir de entonces y hasta el relevo de la juzgadora, Julio Esteban estuvo vigilado por un secretario al que encomendaron trabajar frente a él en una mesa improvisada, para estar pendiente de sus movimientos, agrega.
La UGIRA emitió el informe de presunta responsabilidad administrativa tras una revisión de testimonios, videos de circuito cerrado, grabaciones que los denunciantes hicieron con sus teléfonos, registros de asistencia, y documentos administrativos y jurisdiccionales.
"Se desprende la existencia de un indicio más en cuanto a que la Jueza Jacqueline Betancourt Silva se vale del auxilio de los elementos de seguridad institucional para amenazar a sus subalternos con ser expulsados del órgano jurisdiccional en caso de que realicen conductas que ella no aprueba, bajo la consideración de que son constitutivas de 'violencia de género' o bien en apoyo a otros servidores públicos con los que ella tenía o tuvo diferencias", dice la unidad del CJF.
"Situación que, en a criterio de la Visitadora Judicial A y de esta Unidad, resulta enteramente arbitrario al haberse suscitado en un contexto de relación laboral, entre la indicada juzgadora como patrón equiparado en representación del Consejo de la Judicatura Federal y el secretario Jorge Baños Ramos".
