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Profepa pone en riesgo áreas protegidas en SLP

En 2018, la Profepa operaba con más de 1,100 millones de pesos; en 2022 su presupuesto se redujo a 840 millones

La disminución del presupuesto federal destinado a la protección ambiental ha comenzado a pasar factura en San Luis Potosí. Seis áreas naturales protegidas de jurisdicción federal enfrentan obstáculos crecientes para operar con eficacia debido al debilitamiento institucional de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuya labor de vigilancia y sanción resulta indispensable para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

 

Recorte presupuestal a PROFEPA

Aunque en los últimos años la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha mantenido e incluso incrementado el número de personal en algunas regiones, el problema central radica en la falta de articulación y recursos suficientes para que la Profepa, único organismo facultado para hacer cumplir la ley, actúe cuando se cometen infracciones como tala, caza o destrucción de hábitats en estos territorios.

La precariedad de la Profepa es resultado directo del recorte presupuestal federal. En 2018, la dependencia operaba con más de 1,100 millones de pesos; para 2022, su presupuesto se redujo a 840 millones, es decir, una caída del 23.6%.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), entre 2016 y 2020, el presupuesto nacional para conservación ambiental cayó más de un 80%, pasando de 880 millones de pesos a solo 183 millones. En 2022, hubo una leve recuperación de 322 millones, pero aún muy por debajo de lo necesario.

 

Áreas afectadas

Las áreas afectadas por la falta de recursos incluyen la Sierra de San Miguelito, Sierra La Mojonera en Venado, el Parque Nacional Gogorrón en Villa de Reyes, la Sierra de Álvarez (ubicada entre Armadillo de los Infante y Zaragoza), El Potosí (en Rioverde y Santa María del Río), así como la Sierra del abra Tanchita, Ciudad Valles.

Además la entidad está por sumar una nueva joya ambiental a su red de áreas naturales protegidas, el parque urbano de Villa Hidalgo será oficialmente declarado como la decimoquinta zona bajo resguardo estatal, al contar con una superficie de 286 hectáreas que abarcan cerros emblemáticos como El Picacho, El Grande, Garabuyal y El Buey, ubicados en la región Altiplano. Este anuncio forma parte del ambicioso plan del gobierno estatal para ampliar de 14 a 18 el número de Áreas Naturales Protegidas (ANP) en San Luis Potosí antes de que concluya el actual sexenio.

Actualmente, San Luis Potosí cuenta con 14 ANP estatales y 6 federales, y ya hay tres más en proceso de ser declaradas: Tanlajás, Tamazunchale (a mitad del proceso), y Xilitla. Las ANP estatales son: Wirikuta y la Ruta Histórico Cultural del Pueblo Wixárica; Paseo de la Presa; Joya Honda; Manantial de la Media Luna; Sótano de las Golondrinas; Hoya de las Huahuas; Cuevas del Viento y la Fertilidad; Tancojol; Bosque Adolfo Roque Bautista; Sierra del Este y de EnMedio; Palma Larga; Real de Guadalcázar; Sierra de San Miguelito; y La Loma. Mientras que las ANP federales son la Sierra de Álvarez; Gogorrón; El Potosí; Sierra del Abra Tanchipa y La Mojonera

 

Sierra de San Miguelito: Tierra de todos, tierra de nadie

La Sierra de San Miguelito, uno de los pulmones ecológicos más importantes de San Luis Potosí, se encuentra en una peligrosa incertidumbre legal y ambiental. A pesar de haber sido decretada como Área Natural Protegida (ANP) por el Gobierno Federal en diciembre de 2021, una tercera parte de su territorio, unas 30 mil hectáreas pertenecientes a los ejidos de San Juan de Guadalupe, El Aguaje y Escalerillas, se encuentra actualmente bajo amparo, impidiendo que las autoridades ambientales ejerzan control y protección efectiva.

Edgardo de los Santos Casares, presidente del Consejo Ciudadano de Vida Silvestre y Medio Ambiente de San Luis Potosí, indicó que esta situación ha convertido a la Sierra en un espacio donde reina la impunidad. “Las áreas protegidas las manejan de manera política, con intereses particulares que varían según el momento y el grupo que esté presionando. En el caso de la Sierra de San Miguelito, los amparos han hecho que se convierta en tierra de nadie”, afirma.

 

 

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