San Luis Potosí, SLP.- La Sierra de San Miguelito, uno de los pulmones ecológicos más importantes de San Luis Potosí, se encuentra en una peligrosa incertidumbre legal y ambiental. A pesar de haber sido decretada como Área Natural Protegida (ANP) por el gobierno federal en diciembre de 2021, una tercera parte de su territorio —unas 30 mil hectáreas pertenecientes a los ejidos de San Juan de Guadalupe, El Aguaje y Escalerillas— se encuentra actualmente bajo amparo, impidiendo que las autoridades ambientales ejerzan control y protección efectiva.
De acuerdo con Edgardo de los Santos, presidente del Consejo Ciudadano de Vida Silvestre y Medio Ambiente, esta situación ha convertido a la Sierra en un espacio donde reina la impunidad. “Las áreas protegidas las manejan de manera política, con intereses particulares que varían según el momento y el grupo que esté presionando. En el caso de la Sierra de San Miguelito, los amparos han hecho que se convierta en tierra de nadie”, afirma.
De las 111 mil hectáreas que integran la Sierra como ANP, cerca del 28% —es decir, 30 mil hectáreas— permanecen amparadas por los ejidatarios. Estas comunidades argumentan que el decreto federal les impide desarrollar proyectos turísticos, económicos o de vivienda, particularmente en las partes bajas de la sierra, donde tenían planes de expansión.
“Los comuneros y ejidatarios amparados piden más espacio para desarrollar sus comunidades. Como está el decreto, no tienen margen para crecer. No pueden crear nuevas zonas urbanas porque el área protegida se los impide”, señaló De los Santos.
Este conflicto legal tiene paralizadas tanto a las comunidades como a las instituciones. “Ya van cinco años desde que se interpuso el amparo y los jueces no han resuelto nada. Las autoridades ambientales no pueden hacer absolutamente nada en esas zonas mientras el juicio siga en curso”, denunció.
El vacío legal ha provocado que estas 30 mil hectáreas amparadas sean hoy zonas vulnerables al saqueo, la caza furtiva y la destrucción del patrimonio natural y cultural. “Ahí entran motos, cazadores, e incluso vandalizan las pinturas rupestres de los huachichiles. Es un desorden total. No puede entrar PROFEPA ni la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas mientras no se resuelva el amparo”, lamentó.
Además, De los Santos advirtió que si los tribunales fallan a favor de los ejidatarios, estas tierras podrían quedar completamente fuera del esquema de protección federal. “Si el amparo se resuelve a favor de las comunidades, se perderán esas 30 mil hectáreas. Habría que negociar voluntariamente que al menos una parte se destine a la conservación. Pero si gana la CONANP, entonces se corre el riesgo de que los comuneros empiecen a invadir otras zonas y pierdan interés en conservarlas”.
La tensión también se vive en el terreno. “En la comunidad de San Juan de Guadalupe no dejan entrar ni a las autoridades ambientales. La Comisión de Áreas Protegidas sólo puede pasar si se cuela, y aún así, no pueden hacer nada si no está presente PROFEPA”, declaró.
Para De los Santos, la solución pasa por despolitizar el manejo de las áreas protegidas y exigir a los jueces que emitan una resolución definitiva. “Esto no puede seguir siendo un asunto político. Las áreas protegidas deben manejarse con base en criterios técnicos, ecológicos y legales. No puede seguir la Sierra convertida en tierra de todos, tierra de nadie”, concluyó.
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