El Departamento de Transporte de Estados Unidos tomó medidas que comenzarán a ser efectivas a partir del próximo 29 de julio, luego considerar que México alteró las condiciones de competencia para las aerolíneas estadounidenses.
Como parte de esta nueva imposición del Gobierno de EU, las aerolíneas mexicanas deberán presentar ante su dependencia de transporte todos y cada uno de sus itinerarios vigentes y propuestos para servicios combinados y exclusivamente de carga.
La documentación deberá incluir códigos compartidos, marcas comunes y tramos adicionales entre cualquier punto o puntos fuera o dentro de Estados Unidos, incorporando el tipo de equipo que utilicen, la frecuencia y los días de operación de cada vuelo, el aeropuerto específico al que se prestará servicio en cada punto y la hora de llegada y salida.
En el caso de los itinerarios propuestos, deberán anexar la fecha de entrada en vigor planeada y la fecha de terminación, si se conoce, y deberá presentarse al menos 30 días antes de realizar el servicio.
Además, las empresas de transporte aéreo mexicanas requerirán de la aprobación del Departamento de Transportes antes de operar cualquier vuelo chárter de aeronaves grandes, de pasajeros o de carga y deberán realizar las solicitudes de declaración de autorización al menos 30 días naturales antes de los vuelos chárter propuestos.
De acuerdo con Gobierno de Donald Trump, estas medidas se tomaron luego de que el 9 de mayo pasado, el Departamento de Transportes envío una carta a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) planteando las quejas de las aerolíneas estadounidenses por la denegación que enfrentan en México al intentar presentar servicios aéreos bajo el Acuerdo de Transporte Aéreo entre México y Estrados Unidos.
"Tomamos esta medida porque el Gobierno de México, a pesar de las objeciones del Gobierno de Estados Unidos, ha menoscabado los derechos operativos de las aerolíneas estadounidenses y les ha negado la oportunidad justa y equitativa de ejercerlos en el mercado mexicano-estadounidenses", informó el Gobierno estadounidense.
Estados Unidos exigió a México una pronta resolución del asunto, por lo que la AFAC envió una comunicación a sus oficinas regionales, por lo que el Departamento de Transportes de EU informó que monitoreará el efecto de esas comunicaciones, pero, mientras tanto, considera que la aprobación de todas las operaciones chárter de aeronaves grandes es una medida justificada hasta que el asunto se resuelva.
Aunado a ello, el Gobierno de Trump amenaza también con terminar la autorización de inmunidad antimonopolio de la alianza Aeroméxico-Delta, lo que podría concretarse el próximo 25 de octubre, como consecuencia de las "medidas anticompetitivas impuestas por el Gobierno de México".
De acuerdo con Estados Unidos, la revisión de la autorización antimonopolio otorgada en 2016, fue retrasada desde el año 2020, pero a partir de 2022, México ha alterado significativamente las condiciones de competencia de las aerolíneas, reduciendo las de las estadounidenses limitando unilateralmente el volumen del tráfico, la frecuencia y regularidad de sus servicios, además de rescindir franjas horarios de vuelo y obligarlas a trasladar operaciones al AIFA, a pesar de que el Acuerdo de Transporte Aéreo entre México y Estrados Unidos de 2015, establece que esto podrá ocurrir solo por razones aduaneras, técnicas, operativas o ambientales.
El Gobierno de Trump le recordó al mexicano que la extinta Cofece alertó de que el régimen de asignación de franjas horarias es opaco y anticompetitivo, lo que beneficiaba a Aeroméxico.
Advierte que las condiciones de mercado entre Estados Unidos y México no sólo no han mejorado, sino que empeoraron, de ahí que una orden final para dar por terminada la autorización de inmunidad antimonopolio entraría en vigor el 25 de octubre, fecha que coincide con el final de la temporada del tráfico de verano en la región norte de 2025.
Antes de que eso ocurra, solicita las partes interesadas justificar por qué no deberían emitir una orden final que confirme las conclusiones provisionales y sus objeciones o comentarios en un plazo máximo de 14 días naturales a partir de la fecha de notificación de la orden.
En caso de que no se presenten objeciones, agrega, se considerará que renunciaron a los trámites procesales posteriores y se procederá a realizar la declaratoria definitiva.
"Nos reservamos el derecho a tomar medidas adicionales o por separado según lo justifique el interés público", advierte el Gobierno estadounidense.
