San Luis Potosí, SLP.- A pesar de que han pasado ya meses desde el caso Rich —una lección dolorosa que exhibió la falta de control y supervisión en los centros nocturnos de la capital—, la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí continúa operando sin un padrón claro ni una estrategia real para regular antros y bares en la ciudad.
El propio titular del área, Ángel de la Vega de Pineda, reconoció abiertamente que ni siquiera pueden dar una cifra aproximada del número de antros que existen actualmente en la capital. “No te podría dar un número exacto”, admitió el funcionario, quien argumentó que muchos giros terminan “clasificándose” como antros por sus horarios o productos, dejando ver la ambigüedad y falta de clasificación oficial.
Esta declaración no solo evidencia la ausencia de orden y planeación dentro de la Dirección, sino que además revela una preocupante negligencia institucional, ¿cómo pueden vigilar lo que ni siquiera tienen contabilizado?
La situación es aún más alarmante si se considera que, tras el caso Rich, las autoridades aseguraron que reforzarán los operativos y la vigilancia en los espacios de esparcimiento nocturno. Sin embargo, los hechos indican lo contrario. Actualmente, de los 60 inspectores que dice tener Comercio, solo seis operan en el turno nocturno, una cifra completamente insuficiente para una ciudad cuya vida nocturna se expande cada fin de semana.
Mientras tanto, los establecimientos continúan operando en la ambigüedad. Uno de ellos, La Sala del Despecho, ubicado en el edificio Tangente, fue clausurado por Protección Civil Estatal por irregularidades relacionadas con el aforo, aunque la Dirección de Comercio insiste en que “tiene su documentación vigente”. Esta contradicción entre instancias solo confirma el desorden institucional y la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
Lejos de reconocer la urgencia de una reforma profunda, la Dirección se limita a anunciar una convocatoria para contratar a 25 inspectores más “en mes y medio”. En una ciudad donde las fiestas no esperan y los riesgos se acumulan cada fin de semana, la respuesta suena más a burocracia que a prevención.
Hoy, San Luis Potosí vive una noche tras otra sin saber cuántos centros operan como antros, bares, terrazas o “salas de despecho”. La línea entre legal y clandestino es tan delgada como conveniente para muchos. La Dirección de Comercio, en vez de actuar como ente regulador, parece más bien una espectadora desinformada.
No es solo una omisión técnica, es una falla política y ética. Si no se tiene claridad de lo que hay, ¿cómo se puede garantizar la seguridad de quienes asisten a estos lugares?
La falta de responsabilidad institucional ya dejó huella con el caso Rich. No aprender de ello es, en sí mismo, una forma de complicidad.
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