El Salvador continúa bajo un régimen de excepción como su principal -y única- medida de seguridad contra las pandillas, entre la preocupación de organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras por las miles de denuncias de violación a derechos, malos tratos y torturas en las cárceles del país y por «convertirse en una herramienta» para acallar las voces críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
La medida fue aprobada como extraordinaria en marzo de 2022, tras un fin de semana con más de 80 homicidios, y, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio pandilleril y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.
Bajo este régimen se han registrado más de 87.000 detenciones de supuestos miembros de pandillas o acusados de estar ligados a estas bandas, se han reportado casos de violaciones a derechos humanos -la mayoría por detenciones arbitrarias- y más de 400 muertes en cárceles bajo custodia de agentes del Estado.
Además, en las últimas semanas se ha denunciado que el estado de excepción «no solo se ha utilizado para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como una herramienta para silenciar las voces críticas» del Gobierno, según la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Un régimen para «contener el descontento»
Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento Víctimas del Régimen (Movir) -una organización que brinda asesoría legal gratuita- opina que el régimen de excepción «ya no es para combatir a las pandillas, sino para contener el descontento social y popular».
Además, dice en declaraciones a EFE que la implementación de esta medida «dejó de ser un tema de seguridad para pasar a ser político».
De acuerdo con Ramírez, el estado de excepción «ahora se entiende como un mecanismo que le genera (al presidente) gobernabilidad», porque, indica, «la gente tiene miedo a manifestarse, a protestar, a denunciar y eso es lo que busca el Gobierno, que nadie se pronuncie o denuncie».
«La gente tiene miedo a manifestarse. Los defensores -muchos- han huido del país, periodistas independientes han tenido que huir del país por el régimen de excepción», analiza.
El segundo mandato de Bukele
Bukele cumplió el pasado 1 de junio el primer año de su segundo mandato consecutivo, señalado de ser inconstitucional, y, según WOLA, durante el período al frente del Ejecutivo el mandatario «ha socavado las instituciones y el Estado de derecho», y «ha perseguido a organizaciones de la sociedad civil y a periodistas independientes».
La organización Amnistía Internacional (AI) señaló recientemente que, con el inicio del segundo mandato presidencial de Bukele, «El Salvador ha experimentado un alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil».
Apunta que «los incidentes más alarmantes en un contexto de suspensión de derechos han involucrado el uso del régimen de excepción para criminalizar voces críticas, hasta la fecha aquellas vinculadas a la defensa de la tierra, el territorio, los recursos naturales, los derechos laborales y con el fortalecimiento de la cohesión social a nivel comunitario».
Violaciones a derechos
AI indica que «las detenciones arbitrarias, la criminalización de la protesta social, el uso ilegítimo de fuerzas militares y los intentos de restringir indebidamente o castigar el trabajo de quienes acompañan a víctimas de abusos estatales constituyen violaciones graves a los estándares internacionales en materia de derechos humanos».
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
Ingrid Escobar, de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) -que asiste a familiares de detenidos-, apunta que «la mayoría de casos de violaciones y tratos crueles e inhumanos son fuera» del Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Es decir, en las «cárceles en las que nadie ha tenido acceso», indica.
Socorro Jurídico, según la abogada, cuenta con «un par de testimonios de personas que manifestaron que vieron cuando se torturaba a otras personas para que aceptaran que eran pandilleros».
«Por ejemplo, les ponían bolsas en la cabeza, los hacían respirar bicarbonato hasta que accedían o aceptaban ser pandilleros», comenta Escobar que dice «estar convencida» que «en los centros penitenciarios del país hay tratos crueles, inhumanos y degradantes, hay muertes y muy probable tortura».
«Tortura» en el Cecot
Kilmar Ábrego, el migrante nacido en El Salvador que estuvo detenido en el Cecot luego de ser expulsado desde Estados Unidos, denunció haber sufrido torturas durante su estancia en la megacárcel construida para pandilleros, según consta en documentos judiciales revelados recientemente.
Según el relato de Ábrego, dado a conocer por sus abogados, se le sometió «a torturas físicas y psicológicas, incluyendo palizas, privación del sueño, hacinamiento extremo, mala alimentación, amenazas y exposición constante a luces brillantes».
El Salvador se encuentra junto a países como Bielorrusia, Etiopía, Libia o Rusia en el grupo de países con el mayor riesgo de tortura, según un índice de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
