Un suicidio el 10 de enero inició una ola de suicidios en la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP). Un empleado, tras terminar su jornada laboral, regresó esa misma noche a su lugar de trabajo. Al día siguiente, sus compañeros lo encontraron ahorcado en su oficina. Un hecho traumático para todo el equipo.
Este caso ha sido el primero de una ola de suicidios en Francia. En los últimos seis meses, se han registrado 13 suicidios y 8 intentos entre los agentes de la DGFiP. Según la propia institución, esta cifra ya alcanza el total de suicidios ocurridos en todo 2024, y representa un índice dos veces superior a la media nacional.
El dato ha sacudido a la sociedad, pero no es la primera vez que surge y se extiende esa ola mortal entre funcionarios o trabajadores de empresas privadas.
El Gobierno de Emmanuel Macron no disimula su preocupación y ha puesto en marcha un programa de consulta y asistencia de psiquiatras y psicólogos para tratar de entender qué está sucediendo en la DGFIP donde, a diferencia de otros direcciones generales, secretarias o dependencias, la tendencia suicida parece hacerse norma.
Las estadísticas habían dado un respiro el año pasado. Tras contabilizarse 19 muertes voluntarias en 2012, en 2023 la cifra se redujo a 11, pero el pasado 2024 volvió a repuntar con una cifra final de nueve suicidios. Este año, en el primer semestre, un dato ha sacudido al Ejecutivo: 13 funcionarios han decidido, con diferentes métodos, acabar con su vida.
De acuerdo con la prensa francesa y en concreto el diario Le Monde, las causas de esta virtual epidemia que parecía reducirse se encontrarían en la presión laboral, las fusiones de departamentos, la presión y los despidos o invitaciones implícitas a renunciar a un puesto de trabajo.
En la fusión de la Dirección General de Impuestos y la Dirección General de Contabilidad Pública en 2008, que dio como resultado la DGFIP, podría hallarse el origen de la angustia de los trabajadores. Aquella decisión supuso el despido de 32.000 personas en los siguientes años. El objetivo era reducir un ministerio que el Ejecutivo considera mastodóntico. La plantilla, tras prescindir de ellos en diferentes oleadas, el año pasado quedo conformada por 93.800 empleados.
El escándalo en la Administración es monumental, pero no nuevo. La compañía France Telecom, hoy Orange, abrió la brecha entre 2008 y 2009. En ese periodo de tiempo se registraron 19 suicidios y 12 intentos fallidos de suicidio. De telón de fondo se apreció una política de acoso a los empleados orquestada desde la cúpula de la multinacional con el objetivo de provocar la salida de 22.000 empleados, como estableció la Corte de Casación francesa.
Las denuncias tras las muertes siguieron su curso judicial y la sentencia terminó condenando a sus directivos, incluido su presidente, Didier Lombard. En concreto, apuntó a la junta que entró y presidió la multinacional en 2005 y que marcó una política de reestructuración conocida como NEXT, con la misión de unificar los servicios de France Telecom bajo la marca Orange. Para lograrlo, según sus objetivos, tenía que provocar el despido o dimisión de miles de trabajadores. Estos, según la sentencia de la Corte de Casación, buscaban su salida, «por la ventana o por la puerta».
El Tribunal identifico la aplicación de un plan de deterioro de las condiciones laborales que incluías traslados forzosos de los puestos de trabajo, sanciones injustificadas, acoso, y presión inadecuada a los subordinados. La falta de escrúpulos, según la justicia, desembocó en aquella ola de suicidios que hoy parecen repetirse en el seno del Ministerio de Economía donde son conscientes de la gravedad d elso hechosl. Amélie Verdier, directora de la DGFIP, declaró a Le Monde: «No quiero minimizar (las muertes) en absoluto... Son dramas traumatizantes y cifras preocupantes».
En el caso de France Telecom quedó probado el «acoso moral institucional» de la compañía. Didier Lombardi, que se refirió púbicamente a las muertes como «una moda» fue condenado a un año de prisión y a 15.000 euros de multa.
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