San Luis Potosí enfrenta una preocupante oleada de intentos de fraude vinculados al sector público, que ya están bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). En dos casos distintos —uno relacionado con promesas de empleo en el ámbito educativo y otro con contratos presuntamente falsos en el ámbito científico— se revela el uso ilegal de instituciones para estafar a ciudadanos y al erario.
La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR confirmó que ha abierto una carpeta de investigación en San Luis Potosí, tras revelarse un esquema fraudulento en el que se ofrecían plazas laborales en la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cambio de dinero en efectivo.
Las víctimas relataron que se les solicitaban pagos para ser supuestamente integradas a una entidad inexistente denominada “Subsecretaría de Auditoría y Control”. Esta figura no pertenece ni a la estructura oficial de la SEP ni a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), lo que llevó a ambas instancias a emitir alertas.
La SEGE exhortó a la población a no caer en este tipo de engaños y recalcó que todos sus procesos de contratación son directos, sin intermediarios y exclusivamente a través de canales oficiales. Además, pidió denunciar cualquier intento de fraude ante la FGR en San Luis Potosí, ubicada en República de Polonia 370, colonia Lomas de Satélite.
En un caso paralelo, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) denunció ante la FGR y la Fiscalía General del Estado un intento de fraude que podría ascender a más de tres millones de dólares.
La organización ciudadana Ciudadanos Observando reveló que la empresa Servicios de Implementación en Redes Convergentes, S.A. de C.V., representada por una persona identificada como Delia N., intentó cobrar al IPICYT montos millonarios utilizando contratos presuntamente simulados.
Según lo denunciado, la empresa presentó en diciembre de 2020 una querella penal alegando que el instituto le debía más de 1.4 millones de dólares por servicios supuestamente prestados, sustentados únicamente en una cotización informal solicitada por un ex empleado, lo cual carece de valor contractual.
El vocero de la organización, J. Guadalupe González Covarrubias, detalló que incluso se identificaron otros documentos con sobreprecios y servicios no entregados, lo que apuntaría a un esquema interno de simulación para inflar deudas y desviar recursos públicos.
IPICYT ha insistido en que todo contrato debe estar firmado por representantes oficiales del instituto y exige que se investigue a fondo este caso, ya que el uso de documentos sin validez legal para cobrar dinero del erario podría constituir un delito grave de fraude, conforme al artículo 223 del Código Penal Federal.
Ambos casos, aunque diferentes en su operación, comparten un patrón preocupante, la utilización de nombres institucionales para legitimar actos fraudulentos, poniendo en riesgo tanto el patrimonio público como la confianza ciudadana en las instituciones.
Las autoridades federales ya investigan estos hechos. La FGR exhorta a toda persona que haya sido víctima de estos esquemas a denunciar, a fin de que se proceda legalmente contra quienes resulten responsables.
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