Más que una medida de recaudación, el impuesto del 1 por ciento a las remesas enviadas desde Estados Unidos a México, que aprobó el jueves la Cámara Baja, es en realidad una medida de control y detección de migrantes ilegales en el país vecino, según Antonio Ruiz, director del Centro de Investigación de Teoría Económica de la Universidad de Guadalajara.
"El problema es que va a ser fácilmente detectada y por tanto podría ser deportada como consecuencia de las nuevas leyes anti inmigración de Trump, entonces esto significa que literalmente el 1 por ciento de impuesto va a servir para ayudar a detectar a aquella gente que esté ilegal, cosa que actualmente no sucede", detalló el especialista.
El académico explicó que aunque este impuesto tendrá una recaudación de 10 mil millones de dólares en 10 años, en realidad busca inhibir y controlar la migración a Estados Unidos. "La intención realmente no es, aunque sí va a haber una gran recaudación de este 1 por ciento, pues es realmente seguir detectando a las personas ilegales".
Tan solo en 2024, Jalisco recibió 5 mil 503 millones de dólares en remesas, y al aplicarle una retención del uno por ciento a ese monto habrían dejado de llegar 55 millones de dólares. Según Antonio Ruiz, el 45 por ciento de esas remesas provienen de paisanos ilegales en Estados Unidos. "si ya lo pensamos, pues ya si decimos que de 5 mil 500 millones aproximadamente unos tres mil millones estarían siendo afectados, pues ya es una cantidad bastante fuerte", detalló.
Este impuesto aprobado al envío de dinero en efectivo, giros postales y cheques de caja, también afectará a los migrantes legales en Estados Unidos al aumentar hasta 40 por ciento el costo de envío que actualmente pagan. "De cada 400 dólares, que es más o menos el valor de una remesa promedio. El costo de envío son 10 dólares. Si agregamos un 1 por ciento de impuesto, esto significa que el costo para enviar remesas hacia el país resulta que aumenta de 10 a 14 dólares", señaló el académico.
Para el especialista, esta medida también afectará a las mismas empresas estadounidenses que dependen del consumo de los trabajadores mexicanos en ese país. "Lo mejor para ellos sería restringir su consumo, pero restringir su consumo significa otra vez generar problemas a las empresas estadounidenses que promueven servicios de consumo a los trabajadores mexicanos".
Aunque la ley fue aprobada en lo general, todavía falta definir los mecanismos de cobro del impuesto, siendo una oportunidad para que haya cambios o exenciones, pudiendo volver no tan agresiva la imposición de este nuevo impuesto. "Todavía hay tiempo para revertir este tipo de medidas o por lo menos suavizarlas en la medida de lo posible", señaló el doctor Ruiz. "El gobierno mexicano, las cámaras de comercio, los grupos hispanos deberían estar trabajando para tratar de minimizar el impacto de estos impuestos".
Para el especialista, esta medida afecta indudablemente la relación bilateral entre México y Estados Unidos. "Lo raro es que en México nadie ha dicho nada", destacó. "Es importante que se trabaje en esto para proteger a nuestros paisanos y minimizar el impacto en sus familias".
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