El régimen que nos desgobierna se caracteriza por su enorme "gasto social", destinado a cubrir "beneficios no contributivos" de la población. Es un gasto creciente y absorbente, que no genera potencial de crecimiento económico a largo plazo (discrimina contra la inversión pública).
Además, es un gasto que no se financia mediante el crecimiento económico. Es un gasto improductivo, que se financia con deuda pública.
Al respecto, en México, los "beneficios no contributivos" se refieren a programas sociales, como pensiones para adultos mayores o personas con discapacidad, que no requieren de aportaciones previas por parte de los beneficiarios para ser otorgados. Estos programas son financiados con recursos públicos y están dirigidos a grupos vulnerables o con necesidades específicas.
Tales beneficios reducen la vulnerabilidad de ciertos grupos de la población considerados "desprotegidos"; entre otros, el de los "adultos mayores" (aunque la edad se está "recorriendo hacia abajo" con fines electorales).
El bien "cuasi-público" proveído por el Estado denominado "beneficios no contributivos", ocasiona probables "efectos sustitución" como reducir los apoyos intrafamiliares a expensas del gasto público; y crea desincentivos hacia la búsqueda de trabajo, sobre todo entre los jóvenes. Aun así, estos "beneficios" se asocian con reducciones en los niveles de pobreza; y son considerados como un "logro" de la justicia social.
Datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados, revelan que "respecto al gasto público total, de 2007 a 2021, el pago de la pensión (no contributiva) pasó de 0.2 a 2.0%, respectivamente. Destaca que a partir de la nueva administración en 2019, se incrementó a 1.7%".
Además "la pensión para los adultos mayores ejerce recursos a través del Ramo 20 Bienestar, y de 2007 a 2018 representó entre 15.2 y 35.4% del total del gasto ejercidos del Ramo, sin embargo, desde 2019, superó el 70%, constituyéndose como el programa más importante del Ramo, por su monto. Esta es "el esquema económico de López" en términos de gasto público.
Y, en la misma fuente, encontramos que para 2025 se contempló un gasto público total de 9.2 billones de pesos, de los cuales el 80% ya está comprometido en pensiones, transferencias y pago de deuda, dejando solo 1.7% del PIB para políticas públicas flexibles. Aunque se priorizan áreas como protección social, sectores clave como salud, educación, primera infancia y cuidados enfrentan recortes entre el 1.5% y el 10% respecto a lo aprobado en 2024, comprometiendo servicio básicos.
Estos aspectos representan una medida del "costo de oportunidad" de los gastos "comprometidos" del gobierno:
1) Sólo queda el 1.7% del PIB para "políticas públicas flexibles; el resto del gasto es una carga fija (no recortable).
2) Debe enfatizarse que ese gasto "comprometido" se realiza a costa de recortes a "servicios básicos" que, cita textual: "afectan a las comunidades más vulnerables"
Pero, a pesar de lo dicho, "con un incremento del 4.3% respecto a 2024, se destinará 2.16 billones de pesos (6% del PIB) a pensiones, lo que equivale toda la recaudación de IEPS e IVA. Aunque las pensiones contributivas representan la mayor parte del gasto, las no contributivas enfrentan críticas por su distribución desigual, ya que benefician más a la población de mayores ingresos. El nuevo programa Pensión Mujeres Bienestar contará con 15 mil mdp, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2025.
Para colmo, el Gobierno federal termina premiando a la CNTE con el congelamiento de la edad de retiro. Costo: unos 80 mil mdp. ¿Por qué nuestro gobierno gasta "lo que no tiene? Porque es un gobierno que vive de las elecciones. Su propósito esencial es ganarlas todas. También eso explica su preferencia por resultados de corto plazo (nuevos "programas sociales"). Continuaré con el tema la semana próxima.
