Desde hace seis años, un grupo de trabajadores de las universidades del Bienestar Benito Juárez, fundadas por Andrés Manuel de López Obrador, exige que le reconozcan sus derechos laborales, pues con el pretexto de que son "beneficiarios de programas sociales", dijeron, hasta vacaciones les negaron.
"No había ninguna prestación laboral de ningún tipo. No había aguinaldo, vacaciones, primas de vacaciones, primas de antigüedad. Había algunas dádivas que unilateral y voluntariamente da el Organismo Coordinador", acusó el abogado Juan de Dios Hernández Monge, representante de un grupo de maestros despedido sin razón desde 2019.
Aseguró que esa misma situación viven todos los trabajadores del Gobierno federal desde ese año, principalmente para los nuevos proyectos como las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) o los Servidores de la Nación, que coordinan el reparto del dinero de los programas sociales.
"Son esclavos dentro de la Cuarta Transformación", lamentó en una rueda de prensa en el local del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS).
Desde 2019, explicó, junto a un grupo de trabajadores de la Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales en las UBBJ, fueron despedidos sin justificación unos 140 maestros.
Al demandar su reinstalación, la respuesta de la Coordinación de esas escuelas, dirigida por Raquel Sosa, fue negar que fueran trabajadores, sino "beneficiarios de programas sociales".
En eso ha insistido, acusó un grupo de maestros de Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, a pesar de que tres tribunales federales han reconocido que tienen una relación laboral.
Los amparos decididos en ese sentido son el de Adriana Paola Zentella Chávez, maestra en Pochutla, Oaxaca, con el número 862/2024, del 14 Tribunal Colegiado de Circuito, dictaminado el 22 de mayo de 2025; el 543/2024, de Elia Girón Pablo y 18 trabajadores más, radicado en el 13 Tribunal Colegiado de Circuito con el folio 543/2024, y el amparo 531/2024, del 15 Tribunal Colegiado de Circuito, de José Antón Artaga Conde y tres trabajadores más, y resuelto el 20 de junio.
Los tribunales han solicitado a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconocer tácitamente la relación laboral. El abogado dijo que están a la espera de la resolución de otros tres amparos, pero que no debería ser distinta.
"Somos más de 40 docentes de diferentes sedes de Oaxaca, pero bueno también Guerrero, Tabasco, Hidalgo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Tamaulipas, tenemos un compañero que falleció en nuestra larga lucha", comentó Paola Zentella, y que todos esperan la reinstalación.
El abogado explicó que Raquel Sosa ha rechazado tener alguna relación laboral, argumentando que no tenían horario laboral ni recibían órdenes, pero también ha admitido que no tienen recursos.
"Raquel Sosa dice que no son trabajadores y que esta situación es extensiva a todos los programas del Bienestar del Gobierno federal. Los trabajadores demostramos lo contrario. Es muy simpático ¿no había un horario de trabajo? Ellos, los maestros, se presentaban cuando querían. ¿Hacían lo que querían?, y los muchachos ¿cómo se enteraban que iba a haber clase los alumnos? Eso es una incógnita, porque no había horario de trabajo, no recibían órdenes, cada quien hacía lo que se le pegaba", según ellos.
Los afectados acusaron que los paros en el Poder Judicial contra la reforma en el ramo y la falta de recursos ha retrasado los procedimientos, sin que tengan confianza en los integrante de la Corte que asumirán dentro de poco, pues la mayoría son afines al Gobierno.
