Por unanimidad, en comisiones del Senado se aprobó un dictamen que considerará a los trenes de pasajeros y de transporte de carga como un área prioritaria para el desarrollo nacional, así como la creación de una Agencia de Trenes.
En lo general, el proyecto fue aprobado por la asamblea con 107 votos a favor y turnado al Ejecutivo.
El dictamen reforma la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; la Ley de Vías Generales de Comunicación; y la Ley General de Bienes Nacionales.
Establece una estructura jurídica sólida que facilitará la realización de proyectos ferroviarios, impulse el desarrollo económico, promueva la competitividad y una política sustentable de desarrollo sectorial y regional.
Para ello, plantea la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cuyo objetivo será el de consolidar una estructura especializada para coordinar los proyectos ferroviarios, regular el sector y garantizar la seguridad y eficiencia del servicio.
El dictamen también propone mejorar la movilidad, en la lógica de que establece la implementación de un servicio de transporte de pasajeros eficiente, accesible, seguro y sostenible, que conecte diversas entidades federativas, genere empleo y fomente el desarrollo económico regional.
Además, fortalece la rectoría del Estado en la planeación y operación del sistema ferroviario y amplía las facultades del Gobierno federal para intervenir en caso de abandono, incumplimiento o inoperancia de concesiones.
También se otorgan nuevas atribuciones a la SICT, para regular, planear y supervisar el sistema ferroviario. Y se destaca que dicha Secretaría podrá coordinarse con otras dependencias para impulsar sus proyectos prioritarios para el desarrollo nacional.
La senadora morenista María Martina Kantún Can afirmó que la reforma no cancela concesiones y no expropia ni vulnera los derechos adquiridos por el sector privado, sino que plantea reglas claras para que el Estado asuma un papel garante que le permita generar un impacto directo en la cohesión social, la conectividad regional y la protección del medio ambiente.
El también morenista Carlos Lomelí Bolaños afirmó que el sistema ferroviario no puede ser negocio para "unos cuantos, sino una herramienta de desarrollo y prosperidad, ya que posee la capacidad de cumplir los sueños y esperanzas de miles de mexicanos, como los estudiantes, trabajadores o las madres, que requieren de un transporte digno, seguro y a costo accesible para llegar a sus destinos."
La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez ofreció el respaldo del PAN, pero solicitó que la nueva Agencia de Trenes asuma un compromiso con la transparencia, para que informe a quiénes se asignan las obras en esta materia y cuáles son sus plazos, costos y avances, pues, acusó, ya no existe el INAI para garantizar la rendición de cuentas.
Miguel Ángel Riquelme Solís, del PRI, se manifestó a favor del proyecto al considerar que el desarrollo de un sistema de trenes moderno, eficiente y planificado, puede ser motor para el crecimiento económico, la movilidad sostenible y la integración del territorio nacional; sin embargo, propuso que haya una debida planeación y evaluación técnica para contar con proyectos ferroviarios eficientes.
Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, enfatizó que se requieren políticas públicas que impulsen al país en estos momentos difíciles y adversos que atraviesa el mundo; recordó que la conectividad y la infraestructura ferroviaria juegan un papel fundamental en los países, como en el caso de China, que en tan sólo 40 años pasó de ser una nación agraria a una potencia económica mundial.
